Diputados perredistas presentaron ayer ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) una denuncia contra el titualr de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, en la que la que señalan que el funcionario cometió el delito de omisión en las demandas que había desde el año pasado contra el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez.

En la presentación de la querella, el diputado Alejandro Sánchez Camacho explicó que el procurador no llevó a cabo ninguna averiguación contra Abarca Velázquez ni tomó en cuenta los testimonios que señalaban que éste es culpable del asesinato del luchador social Arturo Hernández Cardona, ocurrido el 31 de mayo de 2013.

El diputado sostuvo que se presentará también una denuncia ante la PGR, y expuso que también piden la destitución del funcionario. Esto es, dijo, porque “hay el convencimiento de que de no haber habido omisión en las acusaciones que se le imputaban a Abarca, se habría evitado que éste siguiera cometiendo actos ilegales, como los que lo implican en la muerte de seis personas y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.

En la presentación de la denuncia, Sánchez Camacho estuvo acompañado por el asambleísta Jorge Zepeda y el secretario general del PRD en el Distrito Federal, Enrique Vargas. En entrevista, planteó que el procurador general debió haber actuado en consecuencia en las demandas presentadas contra Abarca Velázquez.

Aseguró que la omisión en que incurrió Murillo Karam evitó acciones legales contra el ahora ex alcalde prófugo de la justicia, el cual se mantuvo en la impunidad.

También hizo ver que en el caso del asesinato del Arturo Hernández Cardona ni siquiera se tomaron en cuenta los testimonios ni se realizó una averiguación previa

El legislador puntualizó que según los artículos 13 y 53 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el procurador puede ser sancionado de tres maneras si es que se comprueba el delito de omisión, y que son: amonestación pública, despido o destitución del cargo e inhabilitación para ejercer cargos públicos.