Turbiedades en el caso Iguala
Aspiraciones y perversiones tricolores
La paja en el ojo ajeno
ue la desesperación, ninguna otra cosa.
El PRI condena desde su cúpula, en algo que parece un pacto de complicidad con sus amigos los chuchos, a Andrés Manuel López Obrador porque en algún momento alguien le dijo que un militante del PRD que pretendía convertirse en presidente municipal de Iguala, Guerrero, era un miembro del narco.
Sobre el dicho, César Camacho, líder nacional del PRI, arroja lodo a la figura de López Obrador, con el fin de que algunos medios de comunicación encuentren el argumento que no han tenido y desvíen los comentarios, para tratar de salvarle la cara a Enrique Peña Nieto. Mal paso el de este personaje porque nadie más que un priísta es el que, se supone, gobierna todo el país y no sólo Guerrero.
Es imposible tratar de echar culpas a otros. En este país el supuesto es que gobierna el PRI y en algunas entidades sus cómplices, pero en realidad lo que sucede es una ruptura casi total del orden y la ley, y de eso nadie es tan culpable como los que han gobernado con la insignia del neoliberalismo durante ya tres décadas. Son ellos los que han debilitado al Estado, son ellos los que han puesto en el mercado la ley y son ellos los responsables del caos.
Y es que el momento se pintó fenomenal para las aspiraciones de algunos personajes tricolores, que han esperado pacientemente para saltar hacia otras carteras de gobierno. En los pasillos del PRI, desde hace más de una semana se habla de que el tiempo de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, se ha terminado, y que parte de la prisa por pretender que López Obrador se convierta en el malo en la tragedia de Iguala, también tiene que ver con esas perversas aspiraciones.
Por eso Manlio Fabio Beltrones, muy priísta, también se lanza a prender la hoguera para quemar a López Obrador, y pide explicaciones desde la memoria perdida. O será que él ya no recuerda que en 1979, en el New York Times, se publicó un reporte de inteligencia de la DEA (agencia antidrogas de Estados Unidos) donde se le acusaba de proteger al Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes, tal vez el narco más temible de México.
En aquellos tiempos, el gobierno de EU pensó incluso revocar la visa que le había otorgado a Beltrones. Los periodistas que sacaron a la luz la información fueron ganadores del premio Pulitzer. El gobierno de México pidió a los periodistas que manifestaran que el informe no existía, lo que no aceptaron, aunque se dijo que Ernesto Zedillo, ya como presidente, recibió de la embajada de ese país en México una lista de más de una decena de funcionarios, priístas, involucrados con el narco, y nada hizo.
Y no es todo: hay que recordar que cuando menos dos gobernadores del PRI: Mario Villanueva (Quintana Roo) y Tomás Yarrington (Tamaulipas), han sido acusados de pertenecer a las filas del crimen organizado. Así pues, el priísta Beltrones, que busca algo más que justicia –que poco le importa–, debe explicar lo de aquellas acusaciones, que nunca fueron bien investigadas, porque no se vale usar la tragedia, y la mala leche, sin tener en cuenta la memoria, que a veces mata.
De pasadita
Y frente al horror, el gobierno de Miguel Ángel Mancera busca montar una estrategia de prevención. La más importante de toda América Latina. Y para que funcione no será posible mirar sin denunciar los ilícitos que suceden en las calles de la ciudad. Es obligación de los diputados y los jefes delegacionales, que se supone toman el pulso de la calle, levantar la voz para señalar lo que nos puede dañar como sociedad.
No basta con las alarmas, las cámaras y todo lo demás si las autoridades se convierten en cómplices del crimen, o peor, si son ellos o ellas quienes arman las bandas y con ellas pretenden el control y el dinero.
