La creciente violencia en el país, con mayor presencia del crimen organizado, ha detonado una virtual crisis en materia de derechos humanos durante los pasados cinco años, periodo de la gestión de Raúl Plascencia al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): los asesinatos superan ya 70 mil en las dos administraciones federales; las desapariciones de personas superan 26 mil y se ha disparado el número de denuncias por violaciones a las garantías individuales por parte del Ejército y corporaciones policiacas.

A ello se agrega que en esos cinco años ha destacado como foco de atención la condición de los migrantes secuestrados, vejados y asesinados en México en su empeño por llegar a Estados Unidos.

En tanto, los feminicidios se mantienen como preocupación de organizaciones de la sociedad civil y las condiciones de trabajo de los periodistas coloca a México como uno de los países donde el ejercicio de esta profesión implica los mayores riesgos.

En este contexto, esta semana se desahogarán diversas sesiones en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la cual México enfrenta varias denuncias por violaciones graves a las garantías individuales e impunidad, así como cuestionamientos a la criminalización de la protesta social. En este contexto, México formalizará la presentación de su Programa Nacional de Derechos Humanos.

Cinco años de deterioro en materia de derechos humanos

A pesar de que en este quinquenio el Congreso aprobó una ambiciosa reforma para apuntalar el respeto de los derechos humanos en México, paradójicamente fue el periodo en el que, según diversas organizaciones nacionales e internacionales, el país ha registrado un acelerado deterioro en la materia.

De 2010 a la fecha, la sociedad civil irrumpió, por conducto del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, como una alternativa para tratar de contener las causales del acelerado deterioro de la violación de las garantías individuales: la guerra contra el crimen organizado.

De forma paralela, a nivel internacional, diversas organizaciones han cuestionado la vulnerabilidad en que se encuentran los activistas defensores de derechos humanos, en un contexto en que las denuncias contra el Ejército se incrementaron sustancialmente, al igual que la demanda social de concluir la participación militar en el combate a la delincuencia organizada.

A lo largo de este periodo, México ha sido condenado de forma recurrente por Amnistía Internacional y Human Rights Watch, pero la censura al acelerado deterioro de la situación de los derechos humanos durante la administración de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto también ha provenido de la CIDH, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo en la materia e inclusive del Departamento de Estado de Estados Unidos, los cuales han definido la situación que prevalece en México como una verdadera crisis ante la incapacidad institucional de responder.

En su momento, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton comparó la debilidad institucional en México con la que prevaleció en Colombia cuando los cárteles dominaban en esa nación. Las encendidas reacciones nacionalistas de diversas instancias mexicanas sólo se dieron en el plano discursivo y motivaron un protocolario.

Las cifras son elocuentes sobre la situación que prevalece: 47 mil asesinatos oficialmente registrados en el sexenio calderonista y alrededor de 20 mil en el actual sexenio, con la cauda de impunidad que ha caracterizado el discurso oficialista de disputa entre cárteles.

En materia de desapariciones, la estadística es más incierta, pero las estimaciones más aproximadas dan cuenta de poco más de 26 mil, mientras en el periodo más álgido (2010), la CNDH denunció el secuestro con fines de extorsión de 10 mil migrantes en un solo semestre.

En cuanto a la condición de los periodistas, la cifra más reciente cita 85 profesionales de la comunicación asesinados de 2005 a la fecha, 20 desaparecidos y 41 atentados a medios de comunicación social en el país.