n las elecciones presidenciales efectuadas ayer en Brasil, la presidenta Dilma Rousseff se impuso por una pequeña diferencia de 3 por ciento al candidato derechista Aécio Neves y consiguió un segundo mandato, lo que significa la ratificación del electorado brasileño a la política emprendida desde 2003 por los sucesivos gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), que ha transformado al país de manera positiva. Hoy, el gigante sudamericano puede presumir una sostenida disminución de la pobreza y el hambre, el engrosamiento de la clase media, el fortalecimiento del poder adquisitivo de los salarios y una reducción radical del índice de desempleo.
Asimismo, durante los dos periodos presidenciales de Inazio Lula da Silva y el primero de Rousseff, Brasil ha venido recuperando su soberanía política, financiera y tecnológica –comprometida por los gobiernos neoliberales anteriores–, se ha colocado como actor de primera línea en la construcción de un nuevo orden mundial multipolar, por medio de su participación en el grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), y se ha convertido en uno de los motores principales del proceso de integración que tiene lugar en Sudamérica, el cual apunta a conformar un conglomerado regional capaz de desempeñarse con independencia y voz propia frente a Estados Unidos, la Unión Europea y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés).
La victoria electoral de ayer no significa, por supuesto, que todo vaya viento en popa para la mandataria relecta. De entrada, el margen de su triunfo hace necesario que el gobierno emprenda una política interna de diálogo y apertura hacia las oposiciones, y Rousseff no ha vacilado en formular un llamamiento en este sentido. Mis primeras palabras son de un llamado a la paz y la unión
, fue la apertura de su primer discurso tras los comicios, y en él convocó a una reforma política que el país y el Estado requieren en forma perentoria. Por lo demás, los más de 10 años de ejercicio del poder del PT han creado segmentos sociales críticos que –como pudo constatarse en las protestas del año pasado en contra de la desmesurada inversión de recursos públicos para organizar el Mundial de Futbol– no dudan en expresar en las calles su desacuerdos con las estrategias gubernamentales.
Pero, incluso en esas circunstancias, el triunfo de Rousseff constituye un apreciable factor de estabilidad y de tranquilidad para toda la región, así sea porque su derrota habría significado un regreso de la ortodoxia neoliberal y un realineamiento del país con la política exterior de Estados Unidos, lo que habría planteado gravísimas dificultades a la integración latinoamericana en curso.
Menos nítido ha sido el voto por la continuidad en Uruguay, donde el aspirante presidencial oficialista, el ex presidente Tabaré Vázquez, no logró la mayoría absoluta de los sufragios en los comicios realizados también ayer.
El abanderado de la coalición progresista Frente Amplio, en el gobierno, recibió sólo entre 43 y 46 por ciento de los votos, por lo que deberá ir a una segunda vuelta con su principal adversario, Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional (derecha), quien obtuvo entre 31 y 34 por ciento de los sufragios. De acuerdo con las proyecciones a boca de urna, el Frente Amplio habría perdido la mayoría en el Legislativo, lo que abriría, de confirmarse, un escenario propicio para la regresión de las reformas legales progresistas efectuadas durante el mandato del aún presidente José Mujica.
La perspectiva uruguaya es, pues, incierta. Lacalle Pou ha recibido ya el respaldo del tercero de la contienda, Pedro Bordaberry, del Partido Colorado, y es claro que la clase política oligárquica irá unida a la segunda vuelta, con el propósito de sacar de la presidencia al Frente Amplio. Cabe esperar que los ciudadanos de la patria de Artigas frustren ese propósito y mantengan su respaldo al proyecto de transformación social que se ha desarrollado en Uruguay desde 2005.
