La Procuraduría General de la República (PGR) demoró una semana para asumir la responsabilidad del caso Ayotzinapa. Hasta la tarde del viernes 3 de octubre, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declaraba que el ataque a estudiantes normalistas y la desaparición de 43 de ellos era un asunto del ámbito local.

Exactamente durante una semana el gobierno federal insistió en que la responsabilidad era estatal, de ahí que los militares sólo coadyuvaban para la localización de los muchachos, desaparecidos luego del ataque en Iguala de policías municipales, el 26 y 27 de septiembre.

El 4 de octubre fueron descubiertas algunas fosas clandestinas y, horas después, la PGR atrajo la investigación.

Para entonces, la fiscalía guerrerense ya había tomado muestras de 28 restos humanos localizados en una de las fosas; la PGR confió en los procedimientos de los agentes estatales, pero los peritos de la procuraduría se equivocaron. Tres semanas después del ataque a los estudiantes, el equipo argentino de antropología forense realizó nuevos peritajes; en los sitios ya inspeccionados encontraron dos cadáveres más.

A un mes de lo ocurrido, en el expediente Ayotzinapa ni un solo cadáver ha sido identificado; los especialistas sudamericanos tampoco han confirmado si los restos corresponden a los estudiantes.  

Lo que se inició como una colecta de fondos en Iguala por estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa terminó en persecución, agresión a tiros y desaparición forzada de los jóvenes a manos de la policía municipal y del grupo criminal Guerreros Unidos.

El pasado 26 de septiembre, los estudiantes llegaron por la tarde a Iguala. Viajaron desde su escuela en cuatro autobuses hacia el centro de la ciudad, y ya en el municipio pretendieron llevarse otros tres vehículos, aparentemente para viajar luego a la ciudad de México. No se ha esclarecido el motivo de la persecución policial; hay versiones distintas al respecto.

Durante la noche de ese viernes y la madrugada del sábado 27, los policías y sicarios atacaron con disparos de armas de fuego. El saldo fue de cinco muertos, 25 heridos –uno con muerte cerebral y otros cuatro de gravedad. Inicialmente se reportaron 25 desaparecidos.

La agresión continuó la madrugada, en zonas distintas; los estudiantes fueron tiroteados y privados ilegalmente de su libertad; la persecución fue contra cualquiera que pareciera estudiante, tanto que los pistoleros dispararon contra un autobús donde viajaban futbolistas de Los Avispones, equipo de la tercera división profesional. El vehículo desbarrancó.

Durante la mañana del sábado, los normalistas denunciaron, en conferencia de prensa, en su escuela, las ejecuciones extrajudiciales de Daniel Solís Gallardo, oriundo de Zihuatanejo, en el primer ataque ocurrido después de las 20 horas del viernes; luego de Yosivani Guerrero, del pueblo Omeapa, Tixtla; a Aldo Gutiérrez Solano, nacido en Ayutla de los Libres, le fue diagnosticada muerte cerebral. De los 25 estudiantes heridos, cinco fueron por bala, incluido Gutiérrez Solano.

El domingo 29, los normalistas y las autoridades reconocieron que gran número de estudiantes fueron privados de su libertad ilegalmente.

Al principio se dijo que eran 55; un día después se puso en marcha un operativo con la participación de burócratas locales, efectivos del Ejército Mexicano y la Policía Federal.

Para el 29 de septiembre, las autoridades informaron que 12 de los jóvenes reportados como desaparecidos habían sido localizados en distintas partes y que la mayoría se escondió por temor a ser agredidos.

Dos días más tarde, el fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, informó que José Luis Abarca Velázquez, alcalde de Iguala con licencia, y Felipe Flores Velázquez, secretario de Seguridad de ese municipio, estaban prófugos.

Ambos fueron considerados responsables por omisión o acción de lo sucedido a los normalistas.

Ese día, el gobernador Ángel Aguirre Rivero ofreció una recompensa de un millón de pesos a quien proporcionara datos que llevaran a la localización de 43 estudiantes.

Desde el pasado primero de octubre, familiares de los desaparecidos e integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México marcharon en Chilpancingo para exigir la presentación con vida de los jóvenes.

Las movilizaciones y protestas no han cesado. Aguirre pidió licencia al cargo de gobernador. La PGR ofrece una recompensa de hasta 1.5 millones de pesos por informes que lleven a la localización de los estudiantes.

Fue el 14 de octubre cuando el gobierno federal dijo públicamente que ninguno de los 28 restos localizados en cinco fosas pertenecían a los estudiantes; en la privación ilegal de la libertad participaron policías de Iguala y Cocula, quienes entregaron a los normalistas a miembros de Guerreros Unidos, detalló la PGR.

El 17 de octubre fue detenido Sidronio Casarrubias Salgado, líder máximo del cártel de Guerreros Unidos; inicialmente señaló que no autorizó la desaparición de los estudiantes. Posteriormente dijo a la PGR que lo ocurrido con los normalistas fue a petición del ex alcalde de Iguala, a fin de que no afectaran la fiesta con motivo del informe de labores de su esposa María de los Angeles, presidenta del DIF municipal.

La PGR ha obtenido información acerca del traslado de los normalistas a una propiedad cercana a la zona de Pueblo Viejo, sitio de las nueve fosas, de donde se han exhumado 30 cadáveres; no se ha esclarecido el sitio al que fueron llevados los estudiantes, supuestamente por órdenes de El Gil, un operador de Guerreros Unidos.

A 28 días del ataque, la PGR detalló en un comunicado el hallazgo de ocho cadáveres, con lo que son ya 38 los cuerpos descubiertos en fosas clandestinas, ubicadas en Iguala. Aseveró que siguen los estudios forenses y aún y aún no se ha determinado la antigüedad de los restos. Tampoco hay ningún dato concluyente del paradero de los 43 normalistas.