Montevideo, 25 de octubre.

Unos 2.6 millones de uruguayos están convocados a las urnas este domingo para elegir al sucesor del popular presidente José Mujica entre siete candidatos de izquierda y de derecha, pero las encuestas sobre las preferencias de los votantes revelan que ningún aspirante alcanzará la mitad más uno de los sufragios, por lo que se pronostica que habrá segunda vuelta el 30 de noviembre.

La dificultad para que alguno de los aspirantes presidenciales consiga la mayoría absoluta en los comicios también se reflejará en la composición del Legislativo, donde los sondeos de opinión anticipan que tampoco ningún partido obtendrá la mayoría en las cámaras, integradas por 30 senadores y 99 diputados.

De confirmarse este escenario en las urnas, el Frente Amplio (FA) perderá también el control parlamentario, que ha tenido en los últimos nueve años y medio, por medio del cual introdujo reformas para legalizar el aborto, los matrimonios del mismo sexo y la producción y venta de mariguana.

Tabaré Vázquez, oncólogo de 74 años que se impuso como representante del izquierdista FA en 2005 y acabó con la hegemonía electoral que por décadas favoreció a los partidos Colorado (PC) y Nacional (PN), se perfila como el más probable vencedor de la elección presidencial, con un margen de 43 a 46 por ciento del apoyo popular.

Le sigue el abanderado del PN, el abogado de 41 años Luis Lacalle Pou, hijo del ex presidente Luis Alberto Lacalle (1990-1995), quien tiene el respaldo de 31 a 33 por ciento de los electores, de acuerdo con las investigaciones demoscópicas.

En un distante tercer sitio, con 15 por ciento de respaldo popular, se ubica el candidato del PC, Pedro Bordaberry, de 54 años, hijo de Juan María Bordaberry, presidente constitucional de 1972 a 1973, año en que disolvió el Poder Legislativo y se alió con las fuerzas armadas para imponer una dictadura hasta 1976.

En un país de 3 millones de habitantes que ha registrado un crecimiento sostenido desde hace 11 años, los ciudadanos consideran que los dos principales problemas son el mejoramiento de la calidad educativa y la elevación de los índices de seguridad pública, que ha llevado este año a celebrar de manera paralela a los comicios presidenciales un plebiscito para bajar de 18 a 16 años la responsabilidad penal. El cambio de administración está programado para el primero de marzo de 2015.