El gobierno federal propuso a los mandatarios estatales la integración de células mixtas para la prevención y combate al secuestro, así como de atención a víctimas.

En estos grupos participarían fuerzas federales (militares, marinos, policías) y agentes locales, no sólo para planear y ejecutar los operativos de rescate de personas raptadas, sino para la investigación e intercambio de datos de inteligencia.

La Secretaría de Gobernación recordó a sus homólogos en los estados la obligación legal de llevar a la práctica la coordinación de los tres niveles de gobierno y, sobre todo, generar protocolos nacionales de combate al plagio.

En 2013, la incidencia de este delito alcanzó niveles sin precedente, acorde con el Sistema Nacional de Seguridad Pública de Gobernación, cuya base de datos es alimentada con los datos de procuradurías y fiscalías estatales.

En los primeros nueve meses de 2014, el acumulado a escala nacional es de mil 128 denuncias; la tasa mayor está en Tamaulipas (5.71 casos por cada 100 mil habitantes), seguido por Morelos (5.16) y Guerrero (2.51).

La numeralia se eleva cuando se habla de número de víctimas: mil 529 de enero a septiembre del año que transcurre.

En este contexto, Gobernación y la Comisión Nacional Antisecuestro (Conase) informaron durante un encuentro con secretarios de Seguridad Pública que no es suficiente el trabajo de las unidades especializadas contra el secuestro (a cargo de las procuradurías estatales), sino que es necesario un trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno.

El titular del Conase, Renato Sales Heredia, hizo referencia a la indispensable y urgente creación de células mixtas, a las cuales denominó grupos de fusión táctico interinstitucionales.

Estos grupos de fusión deberán establecer también una comunicación efectiva con el sistema de procuración de justicia para identificar y sancionar a los secuestradores.

Algunas entidades, como Morelos, ya aplican este protocolo conjunto; están en vías de consolidar la fusión Tabasco, Tamaulipas y próximamente el estado de México.

La ley general para prevenir y sancionar el delito del secuestro prevé la coordinación de los tres niveles para realizar acciones y operaciones conjuntas, tanto de los policías como de los agentes ministeriales; también ordena la creación de órganos especializados para combatir este ilícito, a fin de evitar la duplicación de esfuerzos al momento de indagar un caso o preparar el rescate de la víctima.

De pronto, cuatro instancias están investigando simultáneamente el mismo secuestro; no se comunican entre sí, advirtió Sales Heredia.

Es por ello que la propuesta de la Federación es hacer un trabajo conjunto en el que participe también la Fiscalía Antisecuestros de la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional; todas ellas deberán estar vinculadas con la Unidad Especializada contra el Secuestro de cada entidad.

Otro punto, actualmente con rezago, es la certificación y dignificación de los policías.