El Servicio de Administración Tributaria (SAT) desarticuló una operación para importar mercancías textiles y de vestido, que implicó la evasión fiscal de mil 500 millones de pesos, entre junio de 2013 y el mismo mes de este año. Buena parte de esos recursos habrían sido remitidos de vuelta al exterior.

En conferencia de prensa, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, detalló que se trató de un operativo para evitar la ilegalidad y la informalidad, además de proteger a una industria que representa más de 10 por ciento del valor del sector de la transformación y genera más de 420 mil empleos.

Allí mismo, el titular del SAT, Aristóteles Núñez Sánchez, precisó que la mayor evasión fiscal se refiere a la subvaluación de mercancía textil y prendas de vestir, la cual es un delito equiparable al contrabando y fue cometida por una red de 219 personas físicas y morales identificadas hasta el momento.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil, Moisés Kalach, dijo que cálculos de los propios textileros ubican la evasión fiscal en ese sector en niveles de entre 8 mil y 10 mil millones de pesos, el equivalente a mil 200 millones de prendas que han entrado subvaluadas al país sólo en los pasados 18 meses, esto es, niveles de 10 prendas aproximadamente por habitante. Eso, puntualizó, es algo totalmente exorbitante.

Presenta denuncias

Encargado de la descripción del operativo contra la evasión en la importación de productos textiles y prendas de vestir, Núñez Sánchez informó: “Ya se ha presentado la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de la República (PGR) y se iniciaron auditorías fiscales a cada uno de ellos, tanto representantes legales como accionistas y directivos de las empresas. Se procedió al aseguramiento de 85 empresas, la cancelación de certificados digitales y se les dio de baja del padrón de importadores”.

La maniobra de evasión, que fue detectada desde el año pasado, permitió la identificación de 31 importadores presuntamente responsables y que a su vez contaban con 113 empresas fachada para lavar las utilidades, que en el periodo se elevaron a unos mil 512 millones de pesos, de los que buena parte fueron transferidos al extranjero en el periodo de la investigación.

También, dijo Núñez Sánchez, se encuentran involucrados 22 agentes aduanales a los que se canceló la licencia de operación, y otros 53 proveedores.

La mercancía, que está constituida por telas en rollo y prendas de vestir confeccionadas, provenía de China, Hong Kong, Singapur, Panamá, Islas Vírgenes, Corea del Sur e incluso de Estados Unidos.

La red delincuencial operaba mediante el uso de amparos otorgados por jueces de Tijuana y Mexicali, Baja California, mismos que les permitían la importación de mercancía como telas, calzado, juguetes, acero y hasta vehículos sin la correspondiente revisión aduanal.

Según datos de la investigación fiscal, 55 por ciento del volumen de mercancía importada de productos textiles estaba subvaluado, es decir, se declaró un precio menor incluso al de la materia prima, lo mismo que 42 por ciento del volumen importado por los involucrados en prendas de vestir.

Los importadores que utilizaron los amparos otorgados por los jueces de Baja California ingresaron 70 y 49 por ciento del volumen de mercancía textil y de vestido, respectivamente. El valor declarado de las importaciones realizadas bajo el esquema descubierto, dijo, fue de 216 millones de pesos utilizando incluso facturas falsas. Estimaciones del propio SAT situan el valor real de la mercancía en unos mil 512 millones de pesos, es decir, siete veces más de lo declarado.