El Parlamento Europeo votará este jueves una resolución que condena firmemente las inaceptables desapariciones forzadas y los crímenes en Iguala, y pide a las autoridades mexicanas que investiguen todos los crímenes, en particular el hallazgo de 28 cuerpos en fosas clandestinas, con lo que se suma al reclamo internacional por estos hechos.

En el texto, que se hizo público desde ayer, el Parlamento Europeo, con el apoyo del Grupo Popular, el Partido Socialista, del Grupo de los Liberales, Conservadores y Reformistas, pero no de los verdes ni de la Izquierda Unitaria, pide a las autoridades que adopten todas las medidas necesarias para actuar con rapidez y de modo transparente e imparcial, con el fin de identificar, detener y llevar ante la justicia a los autores de los crímenes.

Demanda que los responsables sean identificados y encausados, utilizando toda la información y los recursos disponibles a nivel interno y externo, sin margen para la impunidad.

La resolución se suma a la demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordenó al Estado mexicano emprender acciones inmediatas para localizar a los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, del gobierno estadunidense y de la Organización de Estados Americanos, además de una serie de artículos publicados en influyentes diarios de América y Europa.

El Parlamento Europeo expresa sus condolencias y toma nota de las detenciones producidas. Demanda que se prosiga la búsqueda del destituido alcalde de Iguala, José Luis Abarca, su esposa y el jefe de la policía de la ciudad y muestra su profunda preocupación por la evidente infiltración de la delincuencia organizada en los organismos locales policiales y administrativos.

Solicita la protección y ayuda a las familias de las víctimas. Expresa su apoyo al gobierno mexicano en su lucha contra el crimen organizado, al tiempo que manifiesta su profunda preocupación por el aumento de la violencia resultante del tráfico de droga y el clima de impunidad.

Finalmente, insta al gobierno mexicano a evitar que vuelvan a ocurrir sucesos como los de Iguala; condena todas las formas de violencia y las amenazas de muerte persistentes contra activistas comprometidos con la defensa de la libertad de expresión y de los derechos humanos.

Pide a las autoridades que intensifiquen los esfuerzos por ofrecer protección jurídica y personal a los grupos afectados y hace hincapié en la urgente necesidad de crear, a nivel federal, un registro nacional común, público y accesible de las personas desaparecidas, así como un banco de datos de ADN.