Debido a la ausencia centenaria de políticas de ordenamiento y asentamientos humanos en el país, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos. Su contenido, que prevé la creación de reservas territoriales a nivel nacional y proporcionar certeza y seguridad a millones de familias que actualmente habitan en zonas de alto riesgo, generó posturas encontradas en San Lázaro. Sus opositores consideran que la aplicación de la norma estará circunscrita a la decisión de la autoridad.

Manuel Huerta, diputado por el PT, ponderó el contenido de la reforma; no obstante, se requieren recursos financieros para su ejecución y existe población cuyos derechos y garantías constitucionales pueden ser afectados, se encuentra condicionada por la competencia de la autoridad y la capacidad administrativa para hacer que se cumpla.

Zuleyma Huidobro, de Movimiento Ciudadano (MC), adujo que la urbanización en México ha tenido a lo largo de la historia una ausencia de planeación adecuada. “Sobra decir que esta situación es desafortunada para todo el país, pues los mexicanos estamos de cierta forma expuestos a ello.

Con base en datos de la Secretaría de Desarrollo Social, los daños provocados por desastres naturales se traducen en 45 millones de personas afectadas directamente, 65 mil muertos, 4 millones de evacuados, 12 millones de damnificados, 347 mil viviendas destruidas, dos millones de viviendas dañadas y 52 millones de hectáreas de cultivos perdidas en sólo dos décadas.

Las críticas al dictamen recibieron respuesta de los promotores del mismo, y el presidente de la mesa directiva, Tomás Torres Mercado, dio muestra de su experiencia al conducir el debate sin contratiempo.

Así, el diputado perredista, Mario Carrillo Huerta también observó vaguedad en el texto, pues la respuesta que tenemos es que está bien atender a quienes ya fueron afectados; hay que hacerlo de modo ordenado, legal, para evitar abusos, excesos o inconstitucionalidades, pero ahora la pregunta es: ¿qué vamos a hacer que en aquellos asentamientos humanos que se encuentran en zonas no consideradas de alto riesgo?

También Ricardo Mejía Berdeja reconoció que es evidente que hay una política de protección civil de atención de los desastres y de ordenamiento territorial “que tiene muchas deficiencias y no está actualizada conforme a los últimos siniestros que han acontecido en diferentes partes del país

Estos asentamientos irregulares o zonas de riesgo obedecen a la pobreza, la falta de vivienda, la falta de tierra, el clientelismo de muchos líderes o partidos que a sabiendas de que son zonas vulnerables ahí establecen la ocupación, y desde luego también un fenómeno que no puede desvincularse de todos estos asentamientos irregulares es la corrupción.