Las fuerzas armadas están obligadas a intervenir en casos de flagrancia, es decir, en el momento en que tengan conocimiento de que ocurre un ilícito, por lo que existen elementos para que se investigue la actuación de los integrantes del 27 batallón de infantería con sede en Iguala, Guerrero, por no prestar ayuda oportuna a los estudiantes de Ayotzinapa cuando fueron agredidos por la policía municipal, por no haber auxiliado a los heridos y por informar a las autoridades civiles seis horas después de ocurridos los hechos.

Fuentes castrenses consultadas señalaron lo anterior, al afirmar que si bien no existen protocolos de actuación para que elementos del Ejército Mexicano actúen cuando tienen conocimiento de algún ilícito en agravio de civiles, es práctica común que los soldados actúen inmediatamente cuando son testigos de un ilícito.

Los entrevistados precisaron que deben revisarse las circunstancias de los hechos para establecer si el mando castrense incurrió en alguna omisión.

De acuerdo con versiones periodísticas, el 28 de septiembre pasado el comandante del 27 batallón de infantería, coronel José Rodríguez Pérez, se entrevistó con un grupo de padres de los 43 normalistas desaparecidos, a quienes les aseguró que en el cuartel militar no sabían nada de los estudiantes.

El coronel deslindó a los soldados del ataque y la detención de los normalistas, y agregó que tuvieron conocimiento de esos hechos al último. Cuando el Ejército salió fue porque nos habían manifestado que había gente civil en el área.

La comitiva de padres le había reprochado al militar no haber actuado, pese a que el cuartel estaba cerca del lugar donde ocurrió la agresión contra los jóvenes y porque se negaron a auxiliar a los heridos.

Los funcionarios castrenses entrevistados señalaron que hay elementos para considerar que los soldados no actuaron a tiempo o que fueron omisos en el cumplimiento del deber, pero eso sólo se podrá determinar con una investigación seria.