l PRI y el PAN tiraron ayer un cadáver político a mitad de la calle guerrerense. Concedieron, eso sí, un plazo que terminará el próximo 30 para que los restos se reconozcan como tales en un acto de presunta decisión propia, técnicamente conocida como licencia por tiempo indefinido (tecnicismos funerarios generosos). En caso de que no suceda tal recogimiento por sí mismo, una cámara mortuoria cumplirá senatorialmente con la posdatada extremaunción decidida hoy.

El envenenado tiempo extra para Aguirre Rivero fue determinado ayer en complicadas negociaciones partidistas. A partir de ahora, todo lo que suceda en el cuadro de ingobernabilidad que le ha dictaminado el PRI desde el Senado, con el apoyo del PAN, correrá por cuenta del insustancial Aguirre y del PRD que penosamente le sigue apoyando con las manos puestas en el volante para dar algún giro retórico en el momento oportuno.

Las acrobacias legislativas vistas ayer en relación con el desahuciado Aguirre tienen como referente las dificultades prácticas para desaparecer los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en una entidad en riesgo de explosión minuto a minuto. Por ello Gobernación y operadores peñistas (entre ellos algunos altos directivos del partido al que ahora pertenece Aguirre) trataron de convencer al mandatario de la conveniencia de que presentara su virtual renuncia. La oferta de que él ‘‘por su propia voluntad’’ se hiciera a un lado incluyó el chusco episodio en que el Senado preguntó a los poderes acusados de estar desaparecidos si coincidían con ese diagnóstico terminal. Los amenazados de retirarles los cargos (es decir, los burocráticos, no los penales o históricos) respondieron vivamente que gozaban de cabal salud y los férreos senadores encargados del asunto aceptaron la autodefensa estatal.

Son disímbolos los intereses que mueven a cada uno de los partidos involucrados en el chirriante sostenimiento de Aguirre. El PRI busca erosionar al máximo a los partidos de izquierda con presencia en el estado (cargando la tinta en las responsabilidades que tuvieran en los trágicos sucesos de Iguala, aunque la del propio régimen federal priísta no es menor) y se beneficia del alargamiento de la función político-partidista en cuanto multiplica el emponzoñado tiempo que el peñismo necesita para tratar de amortiguar la develación de la cruda verdad sobre los estudiantes de Ayotzinapa. El PRD está pagando los entendimientos viscosos que sus gerentes generales han tenido con el gobernador guerrerense, muy acostumbrado a aceitar con recursos sus tratos políticos. En el peor de sus momentos, sacrificando la improbable viabilidad de algunas intenciones de reformismo interno de Carlos Navarrete, el PRD ha preferido alinearse institucionalmente en defensa de uno de sus circunstanciales miembros más tóxicos. Y el PAN, por su parte, trata de colarse en un escenario donde electoralmente tiene pocas expectativas para el año entrante.

Tales escarceos en las alturas son groseramente ajenos a la sostenida indignación nacional e internacional por los hechos de Iguala. La élite política se entretiene en pleitos internos y cálculos oportunistas a pesar de que cada hora sin que se sepa la realidad de lo sucedido asienta la convicción de amplios segmentos sociales respecto a la inutilidad y complicidad de quienes ni siquiera pueden encontrar a decenas de jóvenes secuestrados o, sabiendo dónde están, manejan criminalmente los tiempos en espera de mayores turbulencias que ‘‘diluyan’’ en algo el impacto previsible.

Arturo Martínez Nateras (AMN) hizo llegar a esta columna un documento titulado ‘‘Réplica al Astillero del 17 de octubre de 2014’’. Son 732 palabras enviadas con pretensión de que se reproduzcan íntegramente en este espacio, aunque en la publicación a la que se refiere (http://bit.ly/ZFomTb) sólo se le mencionó en 19 palabras de un conjunto de 69 que se dedicaron a relatar que su esposa, María de la Luz Núñez Ramos, es (pre)candidata única al gobierno de Michoacán por parte de Morena; que el hermano de ella, César, es el dirigente estatal de Morena en Guerrero y que el hijo de Arturo y María de la Luz es el secretario de Cultura de la administración de Ángel Aguirre Rivero. Esa referencia se encuadraba en el hecho de que Lázaro Mazón, el todavía entonces titular de Salud del gobierno de Guerrero, no era el único que tenía relación con Morena.

En su escrito, Martínez Nateras añade que él es miembro del consejo consultivo del Movimiento Regeneración Nacional y explica que su esposa ‘‘nunca fue candidata única’’ de ese partido a gobernar Michoacán (estado donde no tiene carrera política, pues la ha hecho en Guerrero, todavía en 2010 como coordinadora de la precampaña perredista a gobernador de Armando Ríos Píter), pues ella ‘‘aceptó inscribirse como aspirante a una encuesta y el 28 de mayo del año en curso el propio Andrés Manuel (López Obrador) les comunicó a ella y al otro inscrito (...) los resultados que fueron dados a conocer al otro día en Morelia’’ (por aquellas fechas, este tecleador hizo en Twitter una pregunta que incendió algunos ánimos: ‘‘¿Dedazos o asambleas?’’)

AMN hace una amplia y respetable defensa de los méritos de sus familiares metidos en política, a pesar de que su carta intenta partir de la tesis de que ‘‘en mi familia cada uno de nosotros tiene vida y personalidad propia’’. Erróneamente, Arturo trata de combatir en Astillero las ‘‘ocho referencias sobre Morena’’ (http://bit.ly/1uBELAL), que no se publicaron aquí sino en Twitter y Facebook, espacios a los que en estricta correspondencia se destinará su carta entera. Al final, Martínez Nateras (también) elude el punto central que se ha planteado en esta columna y en alguna revista de presunta mala leche (Proceso, acusada por AMLO de ‘‘servir al régimen’’ por hablar de ‘‘explicable silencio’’): ‘‘Por ahora me abstengo de referirme a la eventual postulación del doctor Lázaro Mazón por Morena/Guerrero. Este es asunto de los protagonistas surianos, ellos tomarán la decisión final y Lázaro debe asumir la propia’’.

Y, mientras hoy en todo el país se realizan actos en demanda de verdad y justicia, ¡hasta mañana!

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