La Comisión Mesoamericana de Juristas (CMJ) demandó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie y dé soluciones sobre la inconstitucionalidad de la aprehensión de migrantes, ya que éstos son colocados en situación de extrema vulnerabilidad debido a que su detención puede durar tiempo indefinido, sobre todo si interponen un recurso para no ser deportados, afirmó Santiago Corcuera Cabezut, vicepresidente de esa organización.

Los migrantes son privados de la libertad mientras se efectúa el proceso administrativo sobre su estancia legal en México, al permanecer en una cárcel que eufemísticamente es llamada estación migratoria, y donde la ley dice que están alojados, como si eso fuera un hostal o un hotel, agregó Corcuera, también catedrático de derecho de la Universidad Iberoamericana (Uia).

En el panel Migración y derechos, que organizó el Programa de Asuntos Migratorios (Prami) de la Uia, Corcuera mencionó que la aprehensión de migrantes en nuestro país es una violación a la Constitución, cuyo artículo 11 señala que una vez que alguien se encuentra en México, puede transitar por el país y nadie está facultado para detenerlo o pedirle un salvoconducto, pasaporte o carta de identidad.

Sin embargo, una vez que los migrantes, sobre todo centroamericanos, se adentran en territorio mexicano las autoridades empiezan a cazarlos, por ejemplo, con operativos de identificación en transportes públicos.

Una vez que los extranjeros son detenidos, los agentes del Estado (migratorios, policías municipales y estatales), en lugar de protegerlos, los explotan, al grado de que en algunas ocasiones los venden a tratantes de personas y los convierten en víctimas de explotación, desde la sexual, a la que someten a niñas en prostíbulos, hasta la de varones jóvenes que son obligados a trabajar en cultivos y cosechas.

Javier Urbano Reyes, coordinador del Prami, calificó de iniciativa innovadora que la CMJ se pronuncie sobre el fenómeno de la detención, violación a los derechos de tránsito, procuración de justicia y debido procedimiento de los migrantes.

Lo anterior, al instar a la SCJN a que opine si son legales los procedimientos que llevan a la práctica las autoridades en México para la detención, deportación y prohibición de tránsito, en razón de las normas nacionales e internacionales.

Es decir, agregó, se pide a la Corte pronunciarse acerca de las propias normas mexicanas, como la ley de migración y su reglamento; o decir si se violentan normas como las convenciones sobre derechos diplomáticos y de asistencia consular.