Jóvenes sin Fronteras (JSF), asociación civil de derechos humanos con sede en Washington, acusó a autoridades federales y estatales de México de incurrir en la violación sistemática de las garantías individuales de Víctor Hugo Cordero Giorgana, ex secretario de protección y vialidad en el municipio de Gómez Palacio, Durango.

El ex funcionario –afirmó JSF– ha sido víctima de tortura y de graves violaciones en el proceso civil y penal que se le sigue desde 2012, por lo cual se pidió la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los representantes de JSF, quienes pidieron anonimato por las amenazas de muerte a Cordero, su familia y sus defensores, pidieron la intervención de la máxima autoridad jurisdiccional del país por las irregularidades en el proceso del ex agente durante dos años: por ejemplo, no le han entregado copias certificadas de la indagatoria iniciada por la Procuraduría General de la República (PGR) y continuada en el estado.

Tampoco le han informado del avance de varias quejas presentadas ante el Ministerio Público federal. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), según JSF, ha actuado en forma omisa, pese a que Cordero fue obligado a declararse culpable de homicidio calificado, secuestro y delincuencia organizada.

Cordero fue detenido junto con otros 158 trabajadores (policías, personal administrativo y hasta albañiles) en la comandancia de la policía de Gómez Palacio por órdenes de la fiscal general de Durango, Sonia Yadira de la Garza, quien sistemáticamente ha intervenido en el caso, pese a no tener atribuciones, refiere JSF.

Los detenidos por la Policía Federal y el Ejército fueron acusados de proteger a grupos armados de la Comarca Lagunera. Sólo seis de los 158 fueron consignados con orden de aprehensión (dos de ellos son obreros) y recluidos en el Centro de Readaptación Social número uno, en Santiago Papasquiaro.

Los representantes de JSF han señalado a funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los niveles federal y estatal; a la CNDH y a su similar estatal, que no hubo orden de aprehensión (contra de Cordero); su detención se fabricó media hora después de estar preso.

En las quejas presentadas ante la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República (PGR), la CNDH, legisladores, gobernadores, medios de difusión y otros, el propio ex funcionario municipal sostiene: “Fui golpeado y drogado para aceptar los hechos que se me imputan. Tuve que declararme confeso por temor a que se me privara de la vida.

Fui víctima de quemaduras con un soplete en mis extremidades inferiores, toques eléctricos en todo el cuerpo, incrustación de agujas debajo de las uñas de pies y manos, golpes con tablas en los glúteos, lo que me dislocó la cadera.

Además lo amenazaron con matar a sus familiares cercanos, fue incomunicado y, con una pistola en su cabeza, fue obligado a grabar siete videos donde dice que un narcotraficante de Durango conocido como El Dany es su cuate, entre otros hechos que le imputan en la causa penal 3/2013, dijeron los representantes de JSF.

La asociación refirió que visitadores de la PGR le aplicaron el Protocolo de Estambul, a fin de acreditar lesiones y daños sicológicos, lo cual dio pie a otra averiguación, pero a Cordero no se le ha informado nada y fue trasladado al Centro Distrital de Readaptación Social número dos, en Santiago Papasquiaro, donde permanece.

Según JSF, la CNDH ya reconoció que Cordero sufrió lesiones por tortura y ya intervino la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para solicitar a la PGR, a su delegación en Durango y a Gobernación que el proceso se apegue a derecho.

La JSF indicó que ahora piden a la SCJN, como medida de seguridad, el traslado de Cordero a un penal de la ciudad de México ante el riesgo a su integridad física, y que se le hagan de nuevo pruebas periciales forenses, sicológicas y toxicológica, se le entreguen copias certificadas de las indagatorias y de las quejas presentadas en la PGR, así como de sus avances.