El magistrado federal Jaime Marroquín Zaleta, titular del segundo tribunal unitario civil y administrativo, admitió este lunes a trámite la demanda ordinaria civil promovida hace dos meses por el consorcio constructor de la línea 12 del Metro, mediante la cual reclama al Gobierno del Distrito Federal (GDF) el pago de 2 mil 248 millones de pesos por trabajos extraordinarios, más intereses, informaron fuentes del Poder Judicial Federal.

Con la resolución de este magistrado concluye una controversia en materia de competencia que se había iniciado varias semanas atrás, en la que el GDF intentó, sin lograrlo, que dicha demanda fuera del conocimiento de los juzgados locales dependientes del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF).

Según consta en el acuerdo admisorio, el magistrado indicó que el juicio corresponde a la competencia de un tribunal federal, pues en el asunto ha de observarse una ley federal, ya que versa sobre un contrato de obra pública en el que para su ejecución se asignaron recursos de los erarios tanto local como federal, además de que no sólo se afectan intereses particulares, sino que se encuentra comprometido el interés público.

En diciembre de 2012, el consorcio reclamó 3 mil 835 millones de pesos por sobrecostos, de los que 3 mil 186 millones correspondían a ICA y el resto a sus socias.

El juzgado 41 civil del TSJDF resolvió en abril de 2013 que las partes debían agotar previamente un procedimiento de conciliación ante la contraloría de la Secretaría de Obras Públicas, en el cual un perito independiente resolvió que sí existieron obras adicionales por los 2 mil 248 millones de pesos que ahora demanda el consorcio.