En el peor escenario, la persona que comparte datos personales sin requerir un aviso de privacidad o sin preguntar siquiera quién es la persona que los está recabando no sólo pone en riesgo su patrimonio, sino su seguridad y vida, coinciden expertos y funcionarios del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), más aún cuando se trata de referencias que circulan libremente por Internet.

La propuesta de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que presentó el Ifai al Congreso, pretende restituir al ciudadano el dominio de su información personal, control que se diluyó hasta prácticamente perderse a partir del nacimiento de los desarrollos tecnológicos, señala Areli Cano, comisionada del Ifai.

En 2010, más de 10 millones de personas sufrieron el robo de sus datos personales o perdieron documentos de identidad, mientras el extravío de información en empresas e instituciones que manejan esos datos afectó en el mundo a más de 500 millones de ciudadanos en los tres años recientes, indica la firma KPMG International (La Jornada, 22/7/2011).

Asimismo, en lo que va del año las denuncias por violaciones a la Ley de Datos Personales se han duplicado, en relación con el mismo periodo de 2013, incluido el robo de identidad.

De acuerdo con datos del Ifai, la ciudad de México y el estado de México concentran el mayor número de denuncias.

Destaca el país por el alto número de ilícitos

En el seminario La protección de datos personales y las reformas constitucionales, que organizó el InfoDF, se afirmó que México está entre los 10 países con mayores índices de robo de identidad ligados a fraudes. Los delincuentes obtuvieron los datos para suplantar una identidad en las redes sociales con 77 por ciento, y en el sistema de compras por Internet, con 62 por ciento.

El año pasado el Ifai conoció 203 denuncias por violaciones a la Ley de Protección de Datos Personales. Más de la mitad en la ciudad de México, y el resto en el estado de México y Jalisco.

Aunque ya existe un mecanismo jurídico para hacer frente a preguntas como ¿qué hago contra estas llamadas de molestia, cuando quieren cobrar un adeudo que ni siquiera es mío?, ¿qué hago cuando me entero de que hay bases de datos vendiéndose en el mercado negro?, lo cierto es que aún tenemos mucho trabajo por hacer para mejorar las leyes, pero sobre todo para concientizar a la sociedad de la importancia de proteger sus datos personales, advierte Areli Cano.

La comisionada explica que las empresas y negocios (4.5 millones de entidades económicas que tiene registradas el Instituto Nacional de Estadística y Geografía), así como entidades públicas, manejan datos personales de prácticamente todos los mexicanos, y aunque hay mecanismos para proteger dichos datos, es necesaria una campaña nacional para alertar al público sobre lo vulnerable que es al no asegurarse de que esa información esté debidamente protegida.

El InfoDF reveló que México se ubica entre los primeros 10 lugares en robo de identidad a escala mundial y que cada año los daños ligados a fraudes por suplantación de identidad alcanzan 108 millones de pesos.

Según un estudio realizado por la Condusef con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, durante el primer semestre de 2013 los bancos ubicados en México recibieron más de 2.2 millones de reclamos, de los cuales un millón 490 mil 992 están vinculados con posibles fraudes por falsificación, robo o pérdida de algún documento, como tarjetas de crédito o débito, esto es, un incremento de 10 por ciento respecto del mismo periodo de 2012.

Tanto la comisionada Cano como expertos que participaron en la Semana Nacional de la Transparencia, organizada y realizada por el Ifai en septiembre pasado, llamaron la atención sobre el ciberacoso, a través de las llamadas telefónicas o redes sociales, además de diversos mecanismos para la obtención de datos personales, como el spamming o envío de mensajes electrónicos no solicitados, generalmente de carácter mercadológico; phishing, mecanismo para acceder a un sitio web apócrifo que simula ser el que realmente pertenece a alguna entidad, el cual contiene campos para que los usuarios introduzcan sus datos personales y se obtenga información privada de manera fraudulenta.

También está el pharming, que afecta el punto de acceso a Internet con el objetivo de mandar directamente al usuario a un sitio falso que el agresor haya especificado, y el dumpster diving, que busca en los documentos que se envían al icono de la basura información privada, como puede ser el número telefónico o las claves de las tarjetas de crédito de los ciudadanos.

En las redes sociales colocamos información sensible que nos coloca en riesgo si alguna persona quiere obtener información personal. Subimos fotografías, conversaciones e información sobre los sitios que visitamos. Asimismo, sobre las personas que nos conocen y conocemos. Compartimos sin saber muchos datos que nos pueden afectar si se les da mal uso, insistió la comisionada Cano.