La desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ha colocado a México en el centro de las preocupaciones de organismos internacionales, que han puesto en evidencia una crisis en la protección de los derechos humanos.

Desde los hechos del 26 y 27 de septiembre pasado en Iguala, Guerrero, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Departamento de Estado estadunidense y el Parlamento Europeo han demandado el esclarecimiento y que se ponga fin a la cadena de impunidad que ha prevalecido en el país en materia de desapariciones forzadas.

Organizaciones independientes como Human Rights Watch (HRW) o Aministía Internacional (AI) han advertido que la gravedad de los hechos reclama una intervención urgente del Estado mexicano, que cumpla con sus obligaciones internacionales de garantizar los derechos humanos.

Las desapariciones representan una crisis de derechos humanos de enormes proporciones en México, señaló HRW en una carta que envió al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el pasado 8 de octubre.

Cuando la administración de Enrique Peña Nieto se disponía a impulsar la proyección internacional a partir de las reformas estructurales que abrieron sectores estratégicos al capital extranjero, México ha atraído la atención mundial –como pocas veces en la historia reciente del país– por la gravedad del caso Ayotzinapa, asociado a la impunidad que prevalece en materia de derechos humanos, al problema irresuelto de las desapariciones y a una percepción internacional de debilidad de las instituciones de justicia mexicanas.

La CIDH, tras condenar los hechos, ordenó a México –el pasado 3 de octubre– otorgar medidas cautelares para los familiares de las víctimas y exigió acciones para determinar la situación y paradero de los 43 estudiantes desaparecidos.

Además, hizo un llamado a realizar una investigación para esclarecer las causas que condujeron a estos graves hechos de violencia, identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales, así como satisfacer las expectativas de justicia de los familiares.

Importantes desafíos del Estado

Desde 2011, agregó, se hizo hincapié en que el Estado enfrenta importantes desafíos relacionados con el aumento de poder de las organizaciones del crimen organizado, que han contado con la participación de elementos corruptos de la policía y órganos del Estado.

Recordó que México tiene la obligación de adoptar, en congruencia con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, acciones para garantizar la seguridad de la población.

En un documento del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, expertos concluyen, en el contexto de Ayotzinapa: durante años hemos identificado que prevalecen en México casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas. Hemos resaltado las deficiencias en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.

El escrito del 10 de octubre va más allá, al advertir de la preocupación profunda por los 43 normalistas desaparecidos: cada día se recibe información que hace más aterradora esta historia.

El Departamento de Estado estadunidense, la OEA, el Parlamento Europeo y el grupo latinoamericano y del Caribe que participó en la asamblea de la Unión Interparlamentaria censuraron, por separado, lo ocurrido en Guerrero y exigieron su esclarecimiento.

HRW concentró la responsabilidad del esclarecimiento de los hechos en la administración de Peña Nieto: el problema no es de Iguala, el problema es de México, y el responsable último es el gobierno federal, aseguró el 9 de octubre José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de la organización.

Además, incluyó el caso Iguala en su censura a la estrategia del gobierno mexicano para enfrentar el problema de las desapariciones forzadas, a partir de no tener claridad ni siquiera de la cifra, con independencia de que desde 2006 a la fecha ninguna persona ha sido condenada por ese delito.

Los terribles abusos registrados en Iguala, señaló en su momento AI, deben ser enfrentados con una investigación rápida y eficaz para que se haga justicia. Las promesas de México acerca del respeto a los derechos humanos no deben quedar en meras declaraciones que permitan una serie de abusos con total impunidad, concluyó.