e seguir así, la administración peñista podría ganar arrolladoramente algún premio a la increíble ineficacia política y judicial que se llegara a crear (tal vez lo podrían instaurar los mismos grupos de poder global que en Nueva York le entregaron apenas unas semanas atrás un rimbombante título de Estadista Mundial 2014), pues a tres semanas de la desaparición de 43 estudiantes normalistas, el poderoso aparato político, militar, policiaco y mediático que administra México se dice ignorante de lo que realmente sucedió una noche de barbarie en Iguala, Guerrero.

No se está frente al ocultamiento de una sola persona (lo que haría más difícil encontrarla o saber lo que le sucedió), sino de decenas. No fueron secuestrados en un lugar y momento indefinidos sino, por el contrario, en condiciones absolutamente públicas y conocidas, en una zona urbana, en un punto geográfico definido y acotado. No fueron tomados por entes volátiles no identificados, sino por policías municipales en patrullas oficiales. No se carece de indicios, evidencias e información precisa, pues se ha detenido a un centenar de policías y narcotraficantes que participaron en diversos momentos de esos hechos, específicamente en los correspondientes a la ejecución y sepultura, incineración o lo que hubiera sucedido con los cuerpos. No se carece de confesiones de primer nivel, pues se ha detenido al presunto jefe máximo de los Guerreros Unidos (luego de que otro al que también se adjudicaba ese nivel acabó, según el parte oficial, suicidándose al verse rodeado de policías que ya no lo estaban cuidando, sino que lo iban a aprehender). Y no hacen falta incentivos extraordinarios, imperativos, una auténtica razón de Estado, para encontrar a esos estudiantes y devolverlos a sus actividades cotidianas, si estuvieran vivos, o reconocer oficialmente su ejecución y las condiciones en que fueron asesinados. Bastaría con valorar la sostenida irritación social que se vive en el país, y las consecuencias internacionales desastrosas para el peñismo ‘‘reformista’’, para que ese gobierno federal se decidiera a esclarecer con enorme velocidad el asunto.

Y sin embargo… ‘‘no los encuentran’’. Una presunta ineficacia indagatoria que resulta inaceptable si se toma en cuenta que en México las formas de ‘‘interrogar’’ a detenidos en asuntos relevantes pueden ser bestiales, en aras de entregar ‘‘resultados’’ a los jefes cuando éstos de verdad desean resolver algún enigma. Más de mil agentes federales, peritos forenses, agentes del Ministerio Público, buzos, policía montada, personal especializado en inteligencia y espionaje, funcionarios de primer nivel y… ‘‘nada’’ en cuanto a los jóvenes buscados, aunque en ese revolver macabro se han encontrado decenas de fosas con cuerpos relacionados con ‘‘otros’’ momentos de la barbarie nacional.

Ya el respetado sacerdote católico Alejandro Solalinde ha dicho que, conforme a revelaciones que le han hecho personas de toda su confianza, todos los normalistas rurales secuestrados fueron asesinados, algunos de ellos incinerados cuando aún estaban vivos, aunque las autoridades están alargando cuanto les es posible el momento de anunciar la estremecedora verdad. La probabilidad de que Los Pinos esté dosificando la tragedia es alta. Lo evidenció el gozoso montaje escénico de Miguel Ángel Osorio Chong, convertido en un históricamente antitético secretario de Gobernación dialogante, amable, sonriente, ñero, desesperadamente urgido de decir que sí a todos los puntos del pliego petitorio de estudiantes politécnicos, encarrerado en la obsesión de declarar en 30 minutos al gobierno peñista como gran amigo de los jóvenes y en especial de los estudiantes. Lo ha evidenciado y confirmado la absolutamente increíble confesión gubernamental de torpeza e ineficacia extremas en la resolución del gravísimo misterio de los normalistas desaparecidos. Terrible sería confirmar que esa administración federal tan cargada de malas cuentas hubiera jugado con los tiempos, aparentando no saber nada cuando desde un principio debió conocer el destino y las circunstancias del sublevante episodio de Iguala.

En ese escalofriante manejo de crisis también se han dosificado las resoluciones políticas. Los Pinos ha logrado anotar en su pizarra de logros partidistas una especie de conmoción a sus opositores. El PRD no ha podido presentar una postura firme y decorosa, unas horas comprometido al máximo con Ángel Aguirre Rivero, otras decidido a moverse en la línea de Los Pinos contraria a ese gobernador (línea que luego han cambiado los mismos estrategas pinoleros) y finalmente un partido rehén de sus propios intereses oscuros y sus grupos clientelares. El más reciente episodio de este zigzagueo perredista se vivió en el reciente consejo nacional en el que Carlos Navarrete anunció un pretendido ‘‘golpe de timón’’ que quedó en la nada, con una resolución que no pide la renuncia de Aguirre y los senadores de negro y amarillo en condición de negociar que este martes se apruebe un dictamen para botar a quien todavía ocupa la Casa Guerrero.

El PAN se ha mantenido quieto, con la esperanza de que la tragedia mayor haga que pocos se detengan en el vergonzoso escándalo de militantes panistas de élite que (según la Procuraduría de Justicia de Guerrero) habrían organizado el asesinato, sucedido en Acapulco en días pasados, del secretario general del comité estatal en represalia por el incumplimiento de pactos mafiosos de reparto de cargos y candidaturas. Morena, mientras tanto, pedía la renuncia de Aguirre, pero en un tono condescendiente, tenga o no tenga responsabilidades, sin acusarlo o responsabilizarlo más que de estar desgastado e ir perdiendo la confianza de la gente. Intocado seguía aún el tema del precandidato único a la gubernatura, Lázaro Mazón, y las relaciones caciquiles de imposición y entendimientos con José Luis Abarca en Iguala.

Y, mientras sigue el regateo entre bandos que buscan conservar o hacerse de la presidencia del inútil despilfarro conocido por las siglas de CNDH, ¡hasta mañana!

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