Río de Janeiro, 19 de octubre.

De 2007 a 2013 las mayores empresas brasileñas de la construcción financiaron en secreto con 187 millones de dólares las campañas de los principales partidos políticos del país –incluido el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y su rival, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB)– para asegurarse la licitación de grandes obras públicas, según denuncia publicada hoy por el diario O Estado.

Esta nueva revelación sobre los acuerdos por debajo de la mesa entre grandes compañías privadas y los partidos para allegarse de recursos en periodos electorales fue publicada a sólo una semana de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, que disputarán Aécio Neves (PSDB) y Dilma Rousseff, quien busca la relección como abanderada del PT.

La noticia publicada en O Estado apareció también en momentos en que circulan otras denuncias periodísticas sobre el desvío de fondos de la estatal Petrobras hacia el PT y sus aliados, los partidos del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el Socialista Brasileño (PSB) y el Progresista (PP), así como a Demócratas (DEM), coaligado al PSDB.

El sábado, Rousseff reconoció por primera vez en sus casi cuatro años de administración que hubo malversación de dineros en Petrobras, y aunque no reconoció que esos recursos fueron destinados a partidos políticos en contubernio con empresas constructoras, la mandataria ofreció resarcir el daño causado.

En su edición de este domingo, el diario O Estado de Sao Paulo publicó que 14 empresas de la construcción, como Odebrecht, conocida en América Latina por haber recibido grandes contratos, Andrade Gutierrez y Queiroz Galvao, suministraron 187 millones tanto al PT y al PSDB como al PMDB, al PSB, al PP y a Demócratas.

Las 14 empresas están en la mira de la opinión pública por su presunta participación en un cártel de la industria de la construcción que se reparte grandes licitaciones públicas en el país, incluidas varias obras licitadas por Petrobras.

El ex director de Refinación y Abastecimiento de la petrolera, Paulo Roberto Costa, declaró a principios de octubre ante autoridades judiciales que parte de los fondos desviados desde la empresa estatal sirvieron para financiar las campañas presidenciales del PSDB y de Rousseff en 2010. El ex funcionario está preso por denuncias de colusión entre las empresas constructoras que se benefician de las licitaciones de Petrobras, favoreciendo a los partidos políticos.

En un comunicado el PT y el PSDB negaron hoy haber cometido alguna irregularidad con las donaciones recibidas y aseguraron que su actuación fue de conformidad con la ley. O Estado –uno de los tres grandes diarios de Brasil, junto a Folha y O Globo– consultó a las empresas para conocer su versión de las denuncias, pero su respuesta sobre su presunta implicación fue una negativa.

O Estado también divulgó información sobre la supuesta entrega de un millón de reales (unos 410 mil dólares) a la ex jefa del Gabinete Civil de la presidencia brasileña, Gleisi Hoffmann, provenientes de las arcas de Petrobras.

El rotativo citó declaraciones de Costa, preso por integrar una red de lavado de dinero y quien ha hecho una serie de revelaciones a las autoridades para conseguir una reducción de condena.

Según Costa, el dinero le fue entregado en efectivo a un emisario de Hoffmann y fue usado para financiar su campaña electoral de 2010, cuando disputó un escaño en el Senado. Al siguiente año, la legisladora asumió la jefatura del Gabinete Civil de la entonces flamante presidenta Dilma Rousseff.

Otra acusación de corrupción conocida como la mensualidad (mensalao, en portugués) fue denunciada en 2005 e implicó a José Dirceu, quien era entonces el jefe del Gabinete Civil del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, quien destituyó a su mano derecha y en su lugar dejó a Rousseff, quien posteriormente dirigió el consejo de administración de Petrobras, coincidiendo, en parte, con el periodo en que fueron desviados los fondos de la petrolera estatal, mediante contratos sobrefacturados.