El Gobierno del Distrito Federal (GDF) castigará con dos a seis años de pena privativa de libertad a las personas que roben estatuas, placas, tapas de coladeras, ornamentos o cualquier otro implemento del servicio público o que esté bajo la salvaguarda pública.

En el decreto por el que se reforman algunas fracciones del Código Penal para el Distrito Federal se estipula que si a consecuencia de ese robo se producen lesiones a otros bienes jurídicos de las personas, se aplicarán otras sanciones.

De esta manera, explicó el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, se busca frenar el robo de componentes del mobiliario urbano, como alcantarillas, tapas de registro, tubos, conexiones, luminarias y rejillas, que ha venido aconteciendo en los últimos años.

Se incluye además el apoderamiento de cables de conducción eléctrica o señalización vial, cuya falta afecta, no solamente a los bienes y economías de la administración capitalina, sino también a la seguridad de las personas.

En la iniciativa de cuatro páginas dirigida al presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Manuel Granados, señala que estos robos causan detrimento al funcionamiento óptimo de los servicios públicos.

Se podrían, argumentó, generar lesiones o puestas en peligro de otros bienes jurídicos de las personas, además de que se merma el derecho que cada habitante tiene del Distrito Federal a contar con un adecuado servicio público.

Por ello se decidió proponer modificaciones al Código Penal para el Distrito Federal, con el fin de inhibir, desde la perspectiva de la prevención general positiva y sancionar las conductas delictivas señaladas, de forma que se tipifique el supuesto de hecho en específico como el robo, por el que deberá sancionarse con cárcel de dos a seis años.

Dicha adición a la fracción X del artículo 224 implicará la reforma de las fracciones VIII y IX, para quedar como un supuesto más de la hipótesis normativa del delito de robo respecto de bienes del dominio público.