Washington, 17 de octubre.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debatirá a fondo el mes próximo cómo responderá en 2015 a la situación de las garantías fundamentales en México y otros países del continente, ante casos recientes de gran magnitud, como los ocurridos en las poblaciones de Tlatlaya, estado de México, e Iguala, Guerrero.

El secretario general del organismo, Emilio Álvarez Icaza, dijo el viernes que tras recabar información mediante cinco audiencias sobre México previstas para finales de octubre, los siete integrantes de la CIDH analizarán cómo responder al caso mexicano cuando se reúnan a puerta cerrada –la primera semana de noviembre– en la capital estadunidense.

Tras escuchar un informe elaborado por la relatora sobre los Derechos de la Niñez –la paraguaya Rosa María Ortiz–, tras su visita de este mes al país, el panel decidirá si solicitará información adicional al Estado mexicano, si emitirá nuevas medidas cautelares, si gestionará una visita de la comisión en pleno o incluirá a México en el capítulo cuatro de su informe anual, dedicado a los países que ameritan seguimiento especial.

Los casos de Tlatlaya e Iguala abren una discusión muy severa, un corchete de veracidad sobre la eficacia de la política pública, dijo Álvarez en conferencia de prensa.

Señaló que fue positiva la reunión que tuvo esta semana en la ciudad de México con el secretario de Gobernación y el titular de la Procuraduría General de la República para dar seguimiento a las medidas cautelares que la CIDH emitió a comienzos de octubre en favor de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, y por cuya responsabilidad se ha arrestado a más de una veintena de policías municipales.

Pero advirtió que el hecho es de tal gravedad que estamos ante un escenario de desaparición forzada. Hubo agentes locales involucrados en la desaparición, lo que da una específica responsabilidad al Estado.