e habla y se escribe mucho sobre la democracia en términos electorales, pero muy poco sobre la democracia en el mundo del trabajo, a pesar de que en este espacio la mayor parte de la población debe decidir aspectos fundamentales de su vida, como es el monto de su salario, sus condiciones laborales, y la calidad de vida personal y familiar.

A casi cien años del nacimiento de nuestra Carta Magna, los trabajadores mexicanos no han logrado, en la práctica, el respeto a uno de sus postulados principales: el derecho a la libre asociación. Carecen de la posibilidad de escoger el sindicato que debe representar sus intereses. El voto lo tienen vedado.

El voto laboral se puede identificar en tres momentos: el primero, al decidir si los trabajadores desean o no formar parte de un gremio y cuál debe ser su estructura organizativa y dirigencia. El segundo, cuando ya organizados se pretende firmar o iniciar la existencia de un contrato colectivo que fije las reglas de trabajo. Y el tercero, cuando existe controversia entre dos gremios, sobre quién debe representar a la mayoría y, en consecuencia, la administración o titularidad de un contrato colectivo ya firmado.

Por lo que se refiere al voto en la vida interna de los gremios para decidir su dirigencia, éste es casi inexistente. En la pasada reforma laboral se discutió el tema. El PRI y sus partidos satélites se opusieron a un avance sustantivo y tan sólo admitieron el señalamiento de que las elecciones en los gremios deberían darse mediante el voto individual, secreto, directo o indirecto. A casi dos años de vigencia, esta norma ha quedado en letra muerta. Ni a los líderes, empresarios, o al gobierno, les interesa que los trabajadores tomen tales decisiones porque se rompería el esquema de control vigente.

En cuanto al segundo momento, relacionado con la firma de los contratos colectivos, en la práctica el patrón escoge al sindicato de su preferencia sin que los trabajadores sean consultados. En consecuencia, éste decide unilateralmente al líder y las condiciones laborales, por ello obliga a los trabajadores a mantenerse dentro del sindicato que supuestamente los representa. El actor principal en este proceso es el empleador, pues a los líderes sólo les preocupa complacerlo para conservar las prebendas que gozan. Esta perversión explica también el porqué la mayoría de los contratos colectivos en nuestro país contienen salarios y prestaciones muy bajas y por qué crece la precariedad y la inestabilidad laboral; asimismo, que sólo el uno por ciento de los trabajadores formen parte de un sindicato auténtico que rinde cuentas y que negocia con honradez las condiciones de trabajo.

La tercera vía de votación se refiere a los llamados juicios de titularidad; mediante ellos, los trabajadores buscan liberarse del sindicato impuesto por el patrón, esto es casi imposible, pues el gobierno obstaculiza de manera sistemática esta posibilidad. Los trabajadores deben enfrentarse a una red de intereses y a toda clase de artimañas jurídicas que buscan doblegar cualquier intención de cambio mediante despidos y otras formas de represión; además, la justicia es parcial y lenta, pues se confía que los meses y los años lograrán doblegar los ímpetus democráticos; basta recordar el caso de Honda Jalisco, que tiene tres años sin que se haya logrado siquiera desahogar la primera audiencia del juicio de titularidad.

A pesar de estos obstáculos, todavía hay grupos que casi heroicamente pretenden un cambio, tal es el caso de los trabajadores de la empresa Atento, quienes desde 2008 decidieron organizarse para responder al mal trato laboral de esta compañía dedicada a concentrar llamadas y servicios de propaganda para sus clientes (call-center), perteneciente a Telefónica Española. Los trabajadores se afiliaron al sindicato de telefonistas, que por ser un gremio nacional de industria tiene capacidad para afiliarlos. Al año siguiente, el 5 de diciembre de 2009, solicitaron un recuento o votación para quitarse de encima al sindicato impuesto por el patrón. Han sido cinco años azarosos, plagados de irregularidades y represión que sólo han podido superarse por la férrea voluntad de los trabajadores, la fortaleza del sindicato y por la amplia red de solidaridad que se ha construido alrededor de su lucha y que incluye a organizaciones internacionales que han llevado el caso ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En los próximos días, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal señalará, por cuarta ocasión, una nueva fecha de recuento; están convocados alrededor de 5 mil trabajadores. Tres aspectos de este proceso han sido motivo de controversia: el padrón de votación que la empresa ha alterado para impedir un resultado favorable a los trabajadores, mediante la inclusión de personal ajeno o de empleados de confianza. El lugar de votación, que en ocasiones anteriores ha sido tomado por golpeadores para impedir que los auténticos trabajadores expresen su voluntad, y un paquete de irregularidades, que incluyen demandas artificiales de otras siglas sindicales contratadas por la empresa para enredar el procedimiento, todo ello aderezado de amenazas, campañas de terror y los consabidos despidos.

En este nuevo intento se harán presentes observadores internacionales para garantizar el voto. Más allá del resultado en Atento, lo que queda claro es que este sistema de votación es insostenible, constituye un agravio no sólo a los asalariados, sino también a la ciudadanía. Es un eslabón más que coadyuva a la pérdida del estado de derecho, que en nuestro país está hecho trizas.

PD. En dos semanas se decidirá el incremento salarial en la UNAM que fungirá como tope para todos los trabajadores universitarios del país. Es absurdo que esta negociación decida el destino del resto. En tanto, en el Poder Legislativo se mantiene detenido el proyecto de ley presentado por todos los partidos de oposición, para desvincular el salario mínimo de otros factores y así facilitar un incremento extraordinario desde este año; por su parte, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos nombró a otra comisión para que le haga su trabajo, pero eso sí, hasta el año que entra. Es claro que el gobierno teme vincular la inconformidad salarial con las elecciones de 2015.