La Cámara de Diputados aprobó ayer la Ley de Ingresos 2015, en una sesión en la que los partidos confrontaron posturas sobre la eficacia de la reforma fiscal que entró en vigor este año: los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) argumentaron que, de no haberla avalado, el país estaría en crisis ante la caída del precio del petróleo; el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano definieron que la recaudación se garantizó a costa de sangrar los bolsillos de los ciudadanos.

Con 427 votos en favor y 35 en contra, el pleno garantizó al gobierno federal ingresos por 4.7 billones de pesos –26 mil 713.9 millones adicionales a la iniciativa del Ejecutivo–, aunque para ello ajustó el tipo de cambio de 13 pesos por dólar a 13.40 y elevó a 671 mil millones de pesos el déficit público, que será de 3.5 por ciento del PIB.

El pleno ratificó un precio de 81 dólares por barril y una inflación estimada de 3 por ciento, y aumentar el precio de las gasolinas y el diesel conforme a la inflación, a partir de enero de 2015, así como transferir 827 millones del IEPS de combustibles a los estados.

El presidente del PAN, Ricardo Anaya Cortés, se presentó en la cámara para respaldar la postura de la diputación blanquiazul en rechazo a incrementar la deuda pública, tema que fue objeto de un amplio debate entre panistas y priístas más tarde desde la tribuna.

Esta vez los legisladores de Acción Nacional acapararon las reservas al dictamen de la Comisión de Hacienda en lo particular, aunque sus propuestas para revertir la reforma fiscal –entre éstas regresar a 11 por ciento la tasa del IVA en las fronteras– fueron desechadas una a una por la mayoría de PRI, PRD y Partido Verde Ecologista de México (PVEM). La presentación de ajustes al texto se hizo por temas, para no alargar la sesión, que fue conducida con pulcritud por Tomás Torres Mercado (PVEM), a partir del acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Manlio Fabio Beltrones (PRI).

Anaya Cortés sostuvo que la economía mexicana se estancó y ello se tradujo en una severa crisis familiar. Planteó que la solución es corregir la reforma, que bajen los impuestos a los niveles de 2013.

El diputado Adolfo Bonilla Gómez, del PRI, explicó que la propuesta de ingresos mantiene una estructura adecuada en los pasivos, lo cual permitirá que el costo de la deuda sea predecible y a resguardo frente a la volatilidad de los mercados.

Ante las críticas del PAN respecto del incremento de la deuda pública que se autoriza al gobierno de Enrique Peña Nieto, Bonilla Gómez explicó que en el gobierno de Felipe Calderón, el saldo de la deuda neta del sector público se incrementó en el equivalente a 15 puntos del PIB, al pasar de 18.2 por ciento en 2006 a 33.1 en 2012. En otras palabras, la duplicó, dijo.

Su compañero de bancada, Alejandro Moreno Cárdenas, presidente de la Comisión de Gobernación, afirmó que en el contexto de la pérdida de ingresos petroleros se comprueba la responsabilidad de haber aprobado una reforma hacendaria que hoy provee estabilidad económica al país, sin sobresaltos y, sobre todo, como ofreció el presidente Enrique Peña Nieto, sin la necesidad de aumentar o crear nuevos impuestos.

El vicecoordinador del PRD, Carol Antonio Altamirano, insistió en la postura de su partido del año pasado, cuando el sol azteca respaldó la reforma fiscal.

Aunque no es perfecta, y lo dijimos, sin ella el país estaría en crisis y haciendo recortes al gasto presupuestal, lo que sería funesto para una economía que a duras penas se recupera. Pero aún así, el gobierno no ha sido eficiente ni ha ejercido el gasto con oportunidad y es inaceptable que el subejercicio, a agosto, sea de 120 mil millones, indicó.

Más aún, cuestionó la compra del nuevo avión presidencial. Resulta ofensivo que en un país con más de la mitad de su población pobre, se pague un avión de lujo para el Presidente, señaló.

En contraste, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila, sostuvo que para 2015 se da continuidad a una estructura inercial en la que subsisten dos problemas de suma gravedad: una disminución real de 95.4 por ciento en derechos por eliminar los correspondientes a los hidrocarburos, como producto de la reforma energética, y una caída de 7.1 por ciento de ingresos petroleros.