a Procuraduría General de la República (PGR) inició ayer una averiguación previa en contra de Federico Ponce Rojas, ex subprocurador de esa dependencia en los años 90 y abogado general de la presidencia de Banamex hasta diciembre pasado, por su presunta relación por el fraude cercano a los 15 millones de dólares en perjuicio de ese banco.
El descubrimiento del desvío referido, en conjunto con el desfalco cometido por la empresa Oceanografía en contra de Banamex –que consistió en la realización de préstamos incobrables por 400 millones de dólares a esa compañía, ex proveedora de Petróleos Mexicanos–, da cuenta de que en esa institución financiera, filial mexicana de la trasnacional Citigroup, ha prevalecido desde hace tiempo un conjunto de malas prácticas y de conductas irresponsables que podrían constituir delitos de diversa índole; que involucran a altos funcionarios bancarios y que ameritarían ser investigadas a cabalidad. En ese sentido, si bien es correcto investigar a ex empleados como el referido, es necesario que esas pesquisas involucren también a ejecutivos actuales de la institución bancaria, sin cuya connivencia sería difícil imaginar la comisión de fraudes como el que ha colocado a Federico Ponce bajo la lupa de la PGR, o como el realizado por Oceanografía.
Por otra parte, circunstancias como las comentadas desmienten en forma categórica el dogma neoliberal según el cual la administración pública sería sinónimo de corrupción e ineficiencia, mientras que la privada equivaldría a rentabilidad y transparencia automáticas, como han venido preconizando durante décadas los promotores del modelo económico vigente.
Si algo demuestra este tipo de hechos es que las actitudes fraudulentas son posibles por una cadena de responsabilidades compartidas entre integrantes de instituciones públicas y de empresas privadas, y que las segundas son tan proclives como las primeras a incurrir en actividades irresponsables o abiertamente ilícitas.
Para no ir más lejos, mientras los integrantes estadunidenses de la presidencia de Citigroup se escandalizan por las prácticas atroces
que derivaron en fraudes como el comentado, ese mismo grupo financiero –como otros de primera importancia– se mantiene bajo el escrutinio de la justicia de Estados Unidos por presuntas violaciones a las leyes contra el lavado de dinero de ese país.
En suma, los casos de corrupción, especulación, abuso e ineficiencia no son privativos de las burocracias públicas y, en el caso particular de los bancos que operan en México, ese tipo de conductas han representado además un enorme costo para la población y para el erario, si se considera el rescate astronómico que se ha debido pagar a consecuencia del rescate bancario zedillista, a cargo del bolsillo de los contribuyentes.
