Chilpancingo, Gro., 15 de octubre.

Por su magnitud, hay crímenes contra el derecho humanitario –como la desaparición de los 43 muchachos de Iguala hace 19 días; como las desapariciones, asesinatos, tortura, vuelos de la muerte y militarización de poblados enteros hace 40 años, en Guerrero– donde la reparación del daño a la que el Estado está obligado es imposible de cubrir. Simplemente no hay modo por la profundidad del daño causado a las víctimas y a la sociedad, afirmó hoy el presidente de la Comisión de la Verdad (Comverdad) para este estado, Enrique González Ruiz, en el informe final del organismo.

En la sala del Tribunal Superior de Justicia, ante representantes del Poder Legislativo y del Poder Judicial –y en ausencia del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que prefirió no asistir–, González Ruiz reclamó que en una entidad como esta, en vilo por la desaparición de 43 estudiantes hoy ya hace 19 días y los hallazgos de numerosas fosas ilegales llenas de cuerpos humanos de desconocidos, no está reconocida como un delito la desaparición forzada.

Por eso los comisionados de Comverdad demandaron que el Congreso estatal se aboque con urgencia a reformar el Código Penal local y crear un marco legal para la tipificación del delito de desaparición forzada. Estas modificaciones del Código Penal local deberán ajustarse a los criterios de la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada, que incluye decretar la imprescriptibilidad del delito; la prohibición de incinerar cuerpos de personas que se sospeche puedan estar relacionadas con un caso de desaparición; la sanción a policías que no pongan de inmediato a disposición del Ministerio Público a las personas detenidas. Prácticas que, según la información que fluye sin cesar en esos días, parecen ser pan de cada día en algunas regiones.

Una vez concluida la labor de la Comverdad, según la ley orgánica de la institución, los organismos de procuración de justicia del Estado deben ejercer acción penal sobre los responsables de los hechos denunciados.

A la sesión asistieron decenas de familiares, principalmente viudas, de desaparecidos de la década de los 70. También varios ex presos en cárceles clandestinas, a quienes el informe aborda como víctimas de desaparición temporal. El informe abordó 409 testimonios de pobladores de comunidades localizadas en 18 rutas identificadas donde se desarrolló el conflicto armado. Se denuncian 512 casos de violaciones al derecho humanitario, pero no son todas. Faltan muchos que no han hablado. Y faltó mucho trabajo por hacer, que no se pudo agotar por la suspensión del financiamiento, apuntó otro comisionado, Nicomedes Fuentes.

Sobre la reparación del daño posible y concreta, Comverdad señala que las instituciones del Estado responsables de esos hechos está obligadas a aplicar los criterios de la justicia universal para una reparación de las víctimas y la preservación de la memoria histórica.

González Ruiz insistió en que debe hacerse una clara distinción ante la sociedad de quiénes fueron las víctimas y quiénes los victimarios, y demandó que el Congreso del estado guerrerense retire la placa conmemorativa del Ejército mexicano, en virtud de que fue ejecutor de la mayor parte de los casos de violaciones a los derechos humanos. La placa está exhibida en un muro de honor de la sede del Poder Legislativo estatal.

El ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero añadió que es inaceptable que existan monumentos y vialidades con los nombres de ex presidentes y gobernadores de ese periodo claramente vinculados con las políticas antisubversivas. El lapso investigado corresponde a las administraciones de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez y a las gubernaturas de Israel Nogueda Otero y Rubén Figueroa.

El diputado Bernardo Ortega, presente en el acto, se retiró casi inmediatamente después. Abordado por los reporteros sobre la posibilidad de que en efecto sea retirada la placa conmemorativa –que sin duda generaría malestar en el sector castrense– dijo que se analizará. Y se escabulló. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos guerrerense no asistió a la sesión. Los que sí acudieron fueron numerosos familiares de desaparecidos de aquellas épocas y sobrevivientes, personas que fueron presos en cárceles clandestinas y se salvaron de las desapariciones forzadas.

Otra recomendación reclama que las autoridades expresen una reivindicación pública de las víctimas, ya fallecidas o presentes. Se requiere, mediante documentos y reconocimientos públicos, devolver su dignidad a miles de personas, no todos guerrilleros, que hasta la fecha cargan con el estigma.

Por su parte, Hilda Navarrete, también comisionada y defensora histórica de los derechos humanos en Coyuca, recordó que lo que sucedió en Guerrero en el pasado “no fue una guerra sucia; ese es un término acuñado por el gobierno. Lo que hubo fue una represión generalizada contra el pueblo pobre, campesino y urbano, del estado”.

Las políticas antisubversivas del Estado, dijo, tampoco terminaron en 1979, sino que continuaron hasta principios de los 80. Al fallar la justicia y encubrirse los hechos las heridas siguen supurando. Esto ha incubado una gran desconfianza, esa misma desconfianza que llevó a los guerrerenses de aquellos años a tomar las armas por su sed de justicia, una justicia que aun hoy no se conoce.