El gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, confió a la comisión de diputados federales que coadyuva en la indagatoria de la agresión a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que ya puso su renuncia en la mesa del PRD y de la coalición electoral que lo llevó a esa posición, porque ‘‘no está cerrado al cargo’’ y, si eso soluciona la grave problemática en la entidad, él se retira.

Durante una reunión privada entre Aguirre y los legisladores federales, realizada en Chilpancingo, se confirmó que dos de los jóvenes estudiantes desaparecidos durante la refriega ocurrida la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre fueron levantados a escasos metros de las instalaciones militares en Iguala, suceso que el Ejército no atendió, y ya se encuentra en investigación.

Las declaraciones del gobernador una vez más ensombrecieron el panorama de la investigación; tanto él como el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, provocaron sorpresa entre los diputados cuando respondieron que al momento de conocer que se suscitaba la agresión a los alumnos, no ordenaron la intervención de la policía estatal porque el alcalde de Iguala –hoy con licencia y prófugo–, José Luis Abarca, no les respondió el teléfono.

Tanto Aguirre como Martínez Garnelo argumentaron que no dictaron la orden de intervención al cuerpo de agentes estatales porque esa determinación no correspondía con el protocolo de mando único. Además, en el encuentro, el procurador de Justicia de la entidad, Iñaki Blanco, a pregunta de uno de los legisladores federales expuso por qué se permitió la fuga del edil: ‘‘No sabemos cómo se nos escapó’’.

El día en que el edil pidió licencia –a pesar de que existían denuncias en su contra– abandonó el salón de cabildos caminando sin problema alguno.

La diputada Lilia Aguilar pidió a Ángel Aguirre su opinión en torno a la solicitud de juicio político en su contra: ‘‘Hay un foco muy específico de inseguridad en Iguala, y fuera de Iguala todo está en paz, hay gobernabilidad; la violencia está focalizada en Iguala’’, replicó.

Más tarde, los diputados federales que integran la comisión –Jorge Anaya (PAN), Manuel Añorve Baños (PRI), Lizbeth Rosas (PRD), Ruth Zavaleta (PVEM), Lilia Aguilar (PT) y Ricardo Mejía Berdeja (MC)– sostuvieron una reunión con los diputados locales que integran la comisión investigadora de la masacre y desaparición de estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos.

Ahí, los legisladores locales Tomás Hernández Palma (PRD), Ricardo Taja Ramírez (PRI), Cristino Evencio Romero Sotelo (MC), Jorge Camacho Peñalosa (PAN) y Arturo Álvarez Angli (PVEM) coincidieron en que ‘‘se debe replantear la existencia de las escuelas normales rurales, porque son núcleos de guerrilla’’.

Cristino Evencio Romero y Arturo Álvarez Angli defendieron al gobernador Ángel Aguirre Rivero, al señalar que, además de ser ‘‘objetiva’’ la investigación, se debe apuntar ‘‘que no existe un móvil porque alguien envió a los normalistas a Iguala y ahí hay truco’’.

Los legisladores federales les preguntaron a sus colegas guerrerenses con quiénes habían sostenido encuentros, y éstos respondieron que sólo se habían reunido con la Comisión Estatal de Derechos Humanos.