Las cuatro consultas populares propuestas por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) para aplicarse en 2015 cumplen los requisitos para ser analizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

René Miranda, director del Registro Federal de Electores (RFE), informó ayer que, según cifras preliminares, cada uno de los expedientes cuenta con respaldo de al menos 2 por ciento de los ciudadanos incluidos en la lista nominal y ninguno llega a 20 por ciento de firmas duplicadas.

Las del PRD y Morena no rebasan 10 por ciento de rúbricas duplicadas, mientras las otras no superan 4 por ciento, pero –comentó– aún falta calcular los números finales, que aparecerán en los informes dirigidos a la Cámara de Diputados y el Senado.

Luego de la aprobación de la reforma política, primero el PRD solicitó efectuar una consulta sobre la revocación de la reforma energética y Morena planteó después otra similar, mientras el PAN propuso una más para revisar el salario mínimo. Los últimos fueron los priístas, quienes plantearon una sobre la desaparición de 100 de las 200 diputaciones federales plurinominales y las 32 senadurías plurinominales.

Hoy concluye la verificación de firmas, las cuales serán remitidas al Legislativo los días 17, 18 y 19, en el caso de las tres primeras consultas, y posteriormente la del PRI, que se recibió al final.

Durante el recorrido de un centro verificador que operó en instalaciones de la UNAM, en Tlatelolco, Miranda señaló que ya se dio fin a la revisión de tres consultas y falta la del PRI.

Los partidos convocantes debían reunir un millón 541 mil 503 rúbricas. El PRD recolectó dos millones 479 mil 914 firmas y Morena 2.1 millones; la del salario mínimo cuenta con un millón 978 mil apoyos y la del PRI, 5.1 millones firmas localizadas de las 6.5 millones presentadas.

El Instituto Nacional Electoral (INE) y la UNAM cotejaron si las más de 16 millones de personas que apoyaron estos ejercicios se encuentran en el padrón electoral y después verificaron una muestra de 850 firmas.

La labor fue realizada por mil 700 personas divididas en tres turnos durante mes y medio en dos centros ubicados en el Distrito Federal, lo que implicó un gasto de 30 millones de pesos.

Si la SCJN da luz verde, el INE deberá iniciar la campaña de promoción de las consultas aprobadas y capacitar a los funcionarios de casilla para que los ciudadanos puedan participar durante las elecciones del 7 de junio de 2015.