l titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, hizo oficial ayer que los restos humanos encontrados en fosas clandestinas el pasado 4 de octubre en las inmediaciones de Iguala no pertenecen a ninguno de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa secuestrados ocho días antes por efectivos policiales de ese municipio. Falta por realizar, se infiere, el cotejo de ADN de los familiares de los normalistas desaparecidos con los cuerpos descubiertos en los días subsecuentes.

Si bien lo informado por el funcionario aporta esperanzas a los parientes de los estudiantes desaparecidos –y entregados, de acuerdo con la información oficial, a un grupo de la delincuencia organizada–, el dato, lejos de resultar tranquilizador, deja ver que la barbarie en Iguala es aun más extensa y grave de lo que dejaba ver la agresión policial perpetrada entre la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27. Ahora es necesario sumar a los seis asesinados y a los 43 secuestrados de esas horas, 28 muertos desconocidos, más los que han sido hallados en otros cementerios clandestinos, y rendirse ante la evidencia de que en ese y otros municipios de Guerrero y del país impera un estado de terror y muerte que no guarda relación alguna con la normalidad que se presume desde las cúpulas institucionales.

En forma paralela se multiplica la tarea de las autoridades estatales y federales: a la obligación de encontrar a los estudiantes desaparecidos, localizar a la totalidad de los responsables intelectuales y materiales de esas desapariciones y de los seis homicidios de septiembre pasado, esclarecer el crimen de Arturo Hernández Cardona y otros dos activistas sociales asesinados presuntamente por el edil prófugo José Luis Abarca en mayo del año pasado, las autoridades estatales y federales tienen ante sí la obligación de identificar los restos que se han ido encontrando en estas dos semanas. Más aún, es inocultable la necesidad de esclarecer, explicar y actuar legalmente ante la cadena de indolencias, fallos y posibles encubrimientos que permitieron, tanto en el ámbito estatal como en el federal, la entronización de la delincuencia organizada en el ayuntamiento de Iguala. El panorama se complica en la medida en que tanto el gobierno guerrerense como la PGR –instancias que resultan fundamentales para realizar tales tareas– se encuentran en un fuego cruzado de señalamientos por presuntas omisiones en el asunto.

Es imposible ignorar que tanto el gobierno federal como los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) han venido usando la tragedia y la atrocidad para buscar réditos electorales de cara a los comicios locales y federales del año entrante. Así, el Ejecutivo federal ha mostrado una actitud zigzagueante, primero insistiendo en responsabilizar al gobierno guerrerense de las investigaciones, luego atrayéndolas, y desentendiéndose de su propia responsabilidad por haber permitido que la delincuencia organizada se apoderara del municipio de Iguala; por su parte, la corriente que controla al PRD, Nueva Izquierda, ha defendido hasta el desfiguro al mandatario estatal –de filiación perredista– y ha llegado a condicionar la salida de Ángel Aguirre Rivero a que se proceda en forma similar con el gobernador del estado de México, Eruviel Ávila, por los grados de violencia criminal y de impunidad –ciertamente inadmisibles– que registra esa entidad, limítrofe con Guerrero. Para no quedarse atrás, la bancada senatorial del PAN pidió ayer la declaratoria de desaparición de poderes en la entidad sureña y la destitución del titular de la PGR por omisiones en su cargo, toda vez que no ordenó investigar el homicidio de Hernández Cardona, con lo cual, a juicio de los senadores panistas, se habrían podido evitar los homicidios y desapariciones de estudiantes.

Las súbitas indignaciones, las exigencias destempladas de justicia y las dudosas muestras de empatía con los normalistas de Ayotzinapa –los muertos, los desaparecidos y los que siguen presentes– se utilizan, invariablemente, contra adversarios electorales, y se omite, en todos los casos, las responsabilidades propias: para empezar, la que corresponde a las tres principales formaciones políticas del país por haber creado durante años un clima de hostilidad contra los estudiantes de ese plantel –responsabilidad compartida por la mayor parte de los medios informativos– y por haber consentido, desde sus respectivas posiciones de poder, la infiltración de cárteles y mafias en todos los niveles de la institucionalidad nacional.