as crecientes expresiones de rebelión ciudadana de los últimos meses y, en especial, de las últimas semanas en México, dejan ver dos atributos, una fortaleza y una fuerza potencial, en el conjunto de acciones gestadas para resistir la descomunal inseguridad que se vive, y que ha multiplicado las amenazas y las agresiones a niveles intolerables. La fortaleza ha quedado revelada porque la protesta, la desobediencia civil y la defensoría jurídica han trastocado, detenido o revertido las acciones combinadas o conjuntas del Estado y el capital, como ha sido el caso de las reformas estructurales en la educación y el campo, varios proyectos mineros, hidroeléctricos, megaturísticos o biotecnológicos (maíz y soya transgénicos), las detenciones ilegales, la represión o las masacres. La súbita y gigantesca movilización de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, las manifestaciones para denunciar la masacre de Iguala o la represión en Puebla, se han combinado con innumerables actos más focalizados, como las acciones de los yaquis por el agua, o la demanda de libertad de presos políticos en Bachajón o Holbox.

Destacan además las resistencias socioambientales en 160 puntos del país. A ello debe agregarse el conjunto de foros de carácter regional o nacional que se han realizado en la Huasteca, Chiapas, San Salvador Atenco, Olintla, Tlaxcala, Ayotzinapa y Tajín, cada una de las cuales ha reunido a decenas de organizaciones civiles (no partidos políticos) que buscan concertar acciones unitarias de autodefensa y formar redes de redes.

En este concierto de protestas y resistencias, salta a la vista la movilización del 8 de octubre. Ese día no solamente hubo presencia ciudadana en las calles de casi 90 ciudades (65 de México y 25 de otras partes del mundo), sino que por vez primera en mucho tiempo hubo una confluencia de los diferentes actores en resistencia del país. La unidad largamente invocada se dio al menos por un día, para exigir justicia y castigo a los autores de la represión a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Tomaron la calle el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (20 mil en San Cristobal de las Casas, Chiapas), maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y otros movimientos magisteriales (en Lázaro Cárdenas 5 mil maestros tomaron el puerto), policías comunitarios de Guerrero, estudiantes, trabajadores de varios sindicatos, académicos, campesinos y pueblos originarios y ciudadanos. La distribución geográfica de la protesta rompió el marcado centralismo de la ciudad de México y puso en evidencia la posibilidad de acciones concertadas a lo largo y ancho del país. A los poderes les es más fácil controlar o reprimir un acto de desobediencia civil de 100 mil personas que de 100 mil.

La acción del 8 de octubre resulta además significativa porque muestra que cuando se ponen en juego valores humanos tan elementales como la dignidad, la solidaridad, el dolor, la compasión o la justicia, y no posiciones políticas, es posible generar impactos notables. Se trata de desplazar la política profesional, normalmente corrupta y corruptora, por una nueva política por la vida, cada vez más frecuente y extendida en México y en el mundo (por ejemplo, las batallas por el agua, el aire, los alimentos, la salud, el entorno natural o ambiental, la conservación de bosques, flora, fauna, paisajes, el territorio). La difusión nacional e internacional de la protesta del 8 de octubre, hizo saber al mundo la gravedad de la tragedia de Ayotzinapa y puso en jaque como nunca antes al régimen corrupto y represivo que hoy gobierna.

Obligados a explorar vías no electorales de transformación social, los mexicanos están comenzando a reconocer que existe una opción, pacífica y colectiva, dirigida a construir el poder social o ciudadano en territorios concretos, y que este camino también resulta efectivo ante batallas específicas. Lo anterior, dado que el Estado ha dejado de cumplir su función originaria de regular las relaciones entre los actores sociales, y de inducir un equilibrio mediante la resolución imparcial de conflictos, pues se ha convertido en mero apéndice de los intereses del poder empresarial y corporativo (legal e ilegal). Para utilizar las palabras de Enrique Dussel, la política institucionalizada ha traicionado su noble oficio. Pulverizada la acción emancipadora por partidos, tribus, capillas, guetos y caudillos, o neutralizada por la ilegitimidad de la vía electoral con tres fraudes en las últimas tres décadas (1988, 2006 y 2012), los ciudadanos reconocen la ineficacia de partidos y gobiernos mientras la situación nacional se agrava. Surge entonces la esperanza: la de construir un gran frente nacional en defensa de la vida (humana y no humana), la soberanía y el territorio nacionales. El 8 de octubre confirma que se pueden lograr avances por la vía de los movimientos sociales porque responden a un impulso vital, a una política por, para y desde la vida. Podemos.