l anfitrión, el enfoque conceptual y el segmento social seleccionado no parecían lo más adecuado, pero Enrique Peña Nieto estuvo ayer en Puebla, al lado de Rafael Moreno Valle, conocido como el Góber Bala, para hablar de ‘‘nuevos roles y expresiones de la sociedad civil’’ ante un auditorio con predominancia filantrópica empresarial y mientras en otras partes del país (ayer, particularmente en Oaxaca, Michoacán y sobre todo, en condiciones literales de incendio, en Guerrero) continuaba la lucha social contra los agravios criminales cometidos por gobiernos de los tres niveles y en tanto surgían más indicios de barbarie institucionalizada, ahora en un canal de aguas negras del emblemático estado de México (aunque el metafórico gobierno de Eruviel Ávila rápidamente salió a precisar que los restos óseos encontrados durante trabajos de limpieza de ciertos canales eran suficientemente imprecisos como para que se adjudiquen de inmediato a lo que todo mundo supone como cuerpos de ejecutados por bandos criminales de poderío desatado).

Surrealismo político (una forma elusiva de este tecleador para no utilizar el término ‘‘irracionalidad’’) el escuchar al ocupante formal del Poder Ejecutivo de un país parcialmente en llamas (donde aún no hay incendio se vive en un tenso rosticero) discurseando dislocadamente sobre mucho menos que buenas intenciones, pues frente al negro salvaje de la realidad resulta poco ético y sensato bordar palabrería en rosa. ‘‘En México los derechos humanos son la piedra angular de nuestro orden constitucional, y deben serlo también de nuestra realidad cotidiana’’, decía Peña Nieto ante el gobernador Moreno Valle, satisfecho de que nuevos escándalos condenen al archivo de la desmemoria el caso del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, asesinado en un tramo de la autopista Puebla-Atlixco por policías estatales en estreno de la llamada ley bala, aprobada para enfrentar con disparos de armas de fuego las protestas políticas y sociales ‘‘desbordadas’’.

Peña Nieto proclamaba su ‘‘firme compromiso’’ con los derechos humanos, y leía párrafos sobre una hipotética sociedad civil que trabaja alegremente con los gobiernos para construir un mundo mejor, frente a la decimosegunda edición de los Encuentros Iberoamericanos de la Sociedad Civil. El comité organizador de estas sesiones poblanas está integrado por el Centro Mexicano para la Filantropía (el Cemefi, en el que convergen fundaciones y empresas que usualmente aprovechan ventajas fiscales para practicar piadosos lavados de imagen, entre ellas, por ejemplo, la Fundación Grupo Monex), el Nacional Monte de Piedad y las fundaciones Azteca, Carlos Slim, Manuel Arango, Mexicana para la Salud y Televisa. Este comité es presidido por Raúl Medina-Mora Icaza.

Tal es la ‘‘sociedad civil’’ que Peña Nieto elogia con ánimos sustitutivos de la que estremece en calles, plazas y edificios públicos al régimen de simulaciones cupulares. En Chilpancingo, ayer mismo, normalistas, profesores y activistas diversos obstruyeron el funcionamiento de las burocracias aposentadas en el palacio de gobierno y en el Congreso estatal. La demanda es internacionalmente conocida, pues busca la aparición con vida de los estudiantes de Ayotzinapa secuestrados en Iguala por narcopolicías que forman parte de la narcopolítica generalizada que aún mantiene el mando formal en el narcoestado mexicano.

Además, se demanda el castigo a los responsables materiales e intelectuales y la renuncia de personajes claves, como el (todavía) gobernador Ángel Aguirre Rivero, al que la noche del domingo le sumaron a su abundante colección de errores y abusos punibles un suceso extraño en el que policías estatales dispararon en una operación aún confusa contra una camioneta en la que viajaban 10 estudiantes, cuatro de ellos extranjeros, dejando a uno de éstos, alemán, herido de bala. Contando por sí mismo con suficientes puntos negativos que deberían llevarlo a la renuncia, el riesgo de escándalo directamente relacionado con lo internacional parecería tener dedicatoria de interesados en propiciar esa declinación, fuesen caciques priístas locales antes aliados del propio Aguirre o enojos centralistas ante la reticencia de éste a dejar el cargo como desde la ciudad de México le han demandado.

En ese contexto de autoengaños de las élites gobernantes y de pugnas entre bandos tan embarrados unos como otros (aprovechando el priísmo las graves pifias del PRD y Aguirre Rivero para tratar de abrirle camino electoral a alguna pieza probablemente relacionada con una calva demandante de cuotas regionales), la protesta de profesores y normalistas significó en Chilpancingo la instalación de briosos cercos al Congreso estatal y al palacio de gobierno, llegándose en este inmueble al incendio de parte de sus instalaciones.

Fuego en la capital guerrerense como resultado de la indignación extrema por la matanza de estudiantes de Ayotzinapa y por el engaño y las manipulaciones de autoridades municipales, estatales y federales que han convertido los expedientes de Iguala en cartas de macabros juegos electorales y en una contundente demostración de que el régimen político actual ha llegado a sus peores, e inaceptables, niveles y que no puede seguir adelante la nación con un esquema de ‘‘representación popular’’ fundado en la corrupción, la injusticia y la criminalidad organizada.

La suerte de Aguirre Rivero quedó echada desde los sucesos de Iguala, pero tanto él como su partido, el del sol azteca, han pretendido extender una agonía cantada. Pero no es el único responsable. La administración federal tiene plena corresponsabilidad del catastrófico estado de la nación y en especial de los hechos relacionados con el narcotráfico y delitos conexos que se han constituido en el verdadero poder del país. Obviamente, las tentaciones de la represión cruda cruzarán por los escritorios del gobierno formal, pero México necesita cambios profundos para tratar de rehabilitarse, y no mano dura ni más cerrazón.

Y, mientras UNAM y UAM realizan un paro de 48 horas en apoyo a Ayotzinapa, ¡hasta mañana!

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