El agua de lluvia (o atmosférica) se considera como propiedad de la nación y se prevé su regulación en la iniciativa de la Ley General de Aguas que envió a la Cámara de Diputados la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (Aneas), organismo del cual fue presidente el actual director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld.

Este documento que el frente de académicos y organizaciones denominado Agua para todos, agua para la vida, considera que la propuesta de la Conagua busca sancionar el estudio o monitoreo que particulares, ya sean académicos, organizaciones o ciudadanos, pretendan realizar con respecto al líquido, bien sea de cuerpos de agua o acuíferos.

La Ley General de Aguas debió establecerse desde 2013, luego de que en 2012 se modificó el artículo cuarto de la Constitución para determinar el derecho humano al agua y a su saneamiento, recuerda Alfredo Méndez, investigador en el área de ciencias químico-biológicas de la Universidad Autónoma de Guerrero, unidad Chilpancingo, quien ha asesorado a comunidades en temas de manejo de recursos naturales.

En entrevista, menciona que en varios apartados de la iniciativa, que actualmente está en discusión en la Cámara de Diputados, contraviene el espíritu que da origen a esta nueva legislación, se pone en riesgo o dificulta que el Estado mexicano pueda garantizar el derecho humano al agua.

Explica que hay una lógica de crear un sistema de concesiones para el acceso al agua, hay una priorización económica para tener el recurso, con lo que se establece una posibilidad desigual de acceso. Se pone a competir con empresas y otros usuarios. El Estado debería garantizar el agua para consumo humano como prioridad antes que otros usos.

Esto preocupa, porque en una reciente reforma a la ley minera se determina que el uso para ese sector es prioritario por encima de otros, si la legislación sobre el recurso no da prioridad al consumo humano, se puede generar un escenario donde una ciudad o localidad se quede sin acceso al líquido.

En el documento de la iniciativa se encontró que no sólo busca tener incidencia sobre el recurso de los cuerpos de agua y los acuíferos, sino también del agua atmosférica, aquello que se encuentra mezclado con aire en la atmósfera o cayendo al suelo por efecto de la gravedad.

También plantea que la política tarifaria debe considerar los servicios ambientales, prever ajustes en función de la inflación y los costos, invertir los ingresos para ampliar la cobertura, la operación y mantenimiento, así como tomar en cuenta la capacidad de pago de los usuarios.

Además, en el apartado de infracciones, sanciona las obras de estudio y monitoreo de las aguas nacionales. Esto es lo que más escandaliza. Como académico y ciudadano veo esto como un paso atrás en favor de la opacidad de la información. La pregunta es: ¿qué se quiere esconder? En Guerrero hay instituciones que monitorean la calidad del agua en zonas turísticas, esto ya no se hará si aprueban esta norma los legisladores.

En las décadas recientes, agrega, la participación ciudadana ha ganado espacios en la política pública, el gobierno federal creó consejos consultivos en diversas dependencias, que aunque no eran vinculantes emitían opiniones. En la propuesta de la Aneas, que sería de la Conagua, hay un retroceso, ya que se da prioridad a concesionarios, no a los ciudadanos.