Aunque el presunto vínculo del alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, con el crimen organizado ha encendido una alerta roja en la clase política, la realidad es que ni los partidos políticos ni las autoridades del Estado mexicano han mostrado voluntad política para combatir de fondo el dinero negro en las campañas políticas y certificar la calidad de los candidatos a puestos de elección popular.

Académicos e investigadores especialistas en temas de seguridad y de elecciones destacan la paradoja que se dio con los escándalos del llamado Pemexgate y el caso de los Amigos de Fox, cuando aun en medio de enormes ausencias legales y de un férreo secreto bancario el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) fue capaz de investigar y sancionar al PRI y al PAN, mientras ahora, con un andamiaje legal mucho más completo, con mayores instrumentos jurídicos e incluso con unidades especializadas, no nos ha servido de mucho. La diferencia entre unos y otros casos se llama voluntad política, sostuvieron.

Tras los hechos de Iguala, con el ataque y la muerte de tres estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, y la desaparición de otros 43, así como el descubrimiento de fosas clandestinas con restos humanos y los presuntos vínculos del edil Abarca Velázquez con el crimen organizado, los líderes de los principales partidos políticos se han pronunciado por que las autoridades implementen un blindaje electoral, a fin de que examinen o certifiquen incluso la vida personal de los quienes pretendan participar como candidatos en las elecciones del 2015, con el objetivo de evitar la infiltración del crimen organizado.

Sin embargo, ningún instituto político tiene claros los mecanismos que se podrían poner en práctica. Además, no es la primera vez que lo plantean. En 2011 los propusieron los entones dirigentes nacionales de PRI, PAN y PRD, Humberto Moreira, Gustavo Madero y Jesús Zambrano, respectivamente, pero no hubo acuerdo.

Múltiples pecados de omisión

Esto nos demuestra que no hay una voluntad política real, aseguró Erubiel Tirado Cervantes, especialista en temas de seguridad nacional de la Universidad Iberoamericana, quien señaló que los hechos reprobables de Iguala son resultado de múltiples pecado de omisión cometidos por años en todas las instituciones, donde todos responsabilizan a los demás, sin asumir que se trata de un problema que atañe a todos.

Además, indicó que aun cuando desde hace tiempo hay quienes presumen que en el país se realizan elecciones con normalidad y pacíficas, incluso en regiones donde hay fuerte presencia del crimen organizado, las autoridades administrativas y jurisdiccionales del Estado mexicano han sido incapaces o de plano no le han querido entrar –desde la época de (José) Woldenberg– al tema del financiamiento de las campañas políticas y a la calidad de las candidatos.

Secretario técnico del Registro Federal Electoral en gran parte de la década pasada, Tirado Cervantes cuestionó la elaboración de los mapas de riesgo electoral. No hay claridad en su metodología y se desconoce si se incluye la información de seguridad con que cuentan las instancias gubernamentales, incluidas las fuerzas armadas, explicó.

Para René Jiménez Ornelas, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es sumamente complicado que los actuales partidos políticos, en la forma en que trabajan y se conducen, sean capaces de restructurarse.

Aseguró que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha quedado marcado por siempre con el caso Iguala, como lo está el de Ernesto Zedillo con lo ocurrido en Aguas Blancas y Acteal.

Con los planteamientos partidistas en la mesa, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ya se manifestó en favor de establecer un pacto nacional para cerrar el paso a la delincuencia en las elecciones del primer domingo de junio próximo, donde se renueva la Cámara de Diputados y hay comicios locales en 18 estados, nueve de ellos para gobernador. En total, 2 mil 159 puestos de elección popular.

El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, propuso firmar un acuerdo para blindar las elecciones del próximo año, e impedir el uso de recursos provenientes del crimen organizado. En términos similares lo han secundado sus homólogos del PRI, César Camacho, y del PRD, Carlos Navarrete, pero todavía se analizan los mecanismos específicos para llevar a cabo esta tarea.