Toluca, Méx., 12 de octubre.

Después de ser sentenciado a 40 años de prisión por el homicidio de un joven de 19 años –que, se presume, está vivo– y de haber impugnado la condena, Manuel Ramírez Valdovinos empezó a leer libros de leyes, tratados internacionales y jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a fin de promover recursos que le permitan recuperar su libertad.

Manuel, condenado cuando tenía 22 años (actualmente tiene 36), y vecinos de la comunidad de Tepexpan, municipio de Acolman, donde habría ocurrido el crimen, aseguran que el joven no murió, que su padre montó una simulación con ayuda de policías judiciales, peritos y una agente ministerial para hacer pasar por muerto al muchacho y así cobrar un seguro de vida millonario y salvarlo de ser detenido, pues había cometido varios delitos.

El acusado primero buscó con ayuda de su madre, Guadalupe Valdovinos, demostrar que el cadáver presentado no era el del muchacho, pues al leer su expediente se dio cuenta de que la estatura y la fisonomía de la víctima y del cadáver no correspondían: uno medía 1.74 metros, era lampiño y de cabello oscuro, y el otro medía 1.64, tenía vello y pelo teñido de rubio.

En el penal de Texcoco (el primero de seis donde ha estado recluido) Ramírez Valdovinos conoció a un joven que le aseguró conocer al muchacho al que presuntamente mató, y le reveló que una hermana de éste le dijo que ahora vivía en Estados Unidos.

La madre del acusado exigió a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) investigar el paradero del joven supuestamente asesinado en mayo de 2000, pues constantemente gente de Tepexpan le hablaba para decir que había visto al muchacho de 19 años, con sombrero y botas, entrando a la casa de su padre o caminando por la comunidad como si nada hubiera ocurrido.

El MP desapareció pruebas y su peritaje fue desmentido

Un día Guadalupe Valdovinos fue citada en el atrio de la iglesia de Tepexpan por una persona que le dejó en una banca un sobre que contenía fotos del joven supuestamente muerto y una copia de una credencial en la que aparece con otro nombre.

La madre, alterada, tomó el sobre y fue al Ministerio Público de Teotihuacán, donde le decomisaron los documentos con el argumento que iban a investigar. Nunca lo hicieron. Las fotos y la credencial desaparecieron.

Por medio de un recurso jurídico elaborado por Manuel Ramírez y con la insistencia de su madre, la PGJEM aceptó exhumar el cadáver de la presunta víctima para verificar su identidad.

El 26 de agosto de 2002 el cuerpo fue exhumado y se le tomaron muestras de ADN. La procuraduría dijo primero que las muestras estaban muy degradadas y no se podría realizar la prueba, pero 18 días después un perito de la PGJEM emitió un dictamen que decía que el cuerpo tenía 99 por ciento de compatibilidad con el padre de la víctima.

El proceder de la PGJEM hizo que Ramírez Valdovinos desconfiara aún más. Mediante recursos jurídicos logró que se hiciera un nuevo examen pericial. Su familia contrató a Liliana Torres Sanders, perita que había laborado en la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), y con fotografías de la víctima –en poder de la procuraduría– y fotos del cadáver hizo pruebas cara-cráneo y comprobó que el cuerpo no era el del muchacho que se decía muerto: no había correspondencia ocular, bucal ni de mentón.

La presión de Manuel y su madre logró que en 2006 el entonces titular de la PGJEM, Alfonso Navarrete Prida, ordenara un nuevo peritaje, pero durante cinco años esa orden quedó en el olvido. Finalmente, en 2011 se aceptó que otra perita del Instituto Nacional de Antropología e Historia realizara pruebas, y una vez más resultó que el cadáver no era de la víctima.

Durante meses se exigió una junta de peritos para confrontar los tres resultados y fue en 2012 cuando se concretó. Cada perito defendió su dictamen; al final, se resolvió que el cadáver no era el de la persona a la que Manuel presuntamente mató.

Con esta evidencia Manuel presentó al Poder Judicial recursos de revisión extraordinaria para buscar el reconocimiento de inocencia.

En un principio los escritos no eran tramitados y cuando se aceptaron le respondieron que no tenía personalidad jurídica para promover su libertad. Se quejó ante el Consejo de la Judicatura estatal y finalmente el recurso se aceptó, pero los magistrados respondieron negativamente a su petición de libertad por reconocimiento de inocencia.

El hecho de que el cadáver no sea el de la víctima no significa que ésta viva o no se haya cometido el homicidio, le respondieron los magistrados. Mientras no haya prueba indubitable de que la víctima vive, no procederá un recurso de este tipo, le advirtieron.

Ahora Manuel prepara un recurso para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analice su caso. También ha presentado quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya ha radicado su expediente.

Se esfuman pruebas de supuesta tortura

En la actualidad batalla para que la Dirección General de Readaptación Social del estado de México le permita hacerse exámenes para comprobar las lesiones que padece en las cervicales, pues hace más de un año desaparecieron de su expediente clínico 13 de 15 radiografías de su espalda, las cuales presentaría a la CIDH como prueba de las lesiones que le produjo la tortura a la que fue sometido el 26 de mayo de 2000, cuando fue detenido.

“Sé a lo que me enfrento. Durante años he constatado que el sistema judicial en el estado de México está lleno de corrupción. En la procuraduría y en el Poder Judicial se protegen unos a otros. Se trata de favores que van pagándose entre sí judiciales, agentes del Ministerio Públicos, jueces a magistrados, para no ser evidenciados. Nadie acepta sus errores y por eso no quieren reconocer esta cadena de injusticias porque sería como exhibir su incompetencia, dice Manuel, catalogado como reo peligroso desde que se defiende de las injusticias que padecen él y sus compañeros en el penal.

Hace unos días Manuel fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social de Almoloya de Juárez por señalar al director del penal de Chalco que no le podía negar el derecho a que volvieran a evaluar sus lesiones en las vértebras cervicales.