La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio AC (que agrupa a los padres y madres de los 49 niños fallecidos en la guardería ABC) y el Colectivo Pro ABC presentaron una iniciativa de reformas y adiciones a la ley que regula los Centros de Atención y Cuidado Infantil para el DF, misma que busca eliminar la anquilosada idea de las tradicionales guarderías, donde prácticamente se deposita a los menores, y ofrecer un servicio de atención y cuidado infantil a las y los niños de la capital.

Al presentar a los medios la iniciativa bajo la consigna ¡Nunca más una guardería como la ABC!, la diputada local Dinorah Pizano señaló que ante el incendio de la estancia ocurrido en Hermosillo, Sonora, en 2009, la ALDF legisló adelantándose a la publicación de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, mejor conocida como la Ley 5 de Junio, fruto del esfuerzo de los padres de Hermosillo para evitar que se repitan esos hechos, ahora el propósito de la iniciativa es establecer un ordenamiento que proteja mejor a los niños en los Centros de Atención y Cuidado Infantil.

Mencionó que la iniciativa busca establecer en forma clara y concisa que características físicas en materia de seguridad deben contar las estancias que ofrecen esos servicios, así como evitar actos y omisiones que puedan afectar la integridad física o sicológica de los infantes.

Durante la presentación, que tuvo lugar en la ALDF, Daniel Gershenson, activista social, dijo que los padres de familia afectados por la muerte de sus hijos en la Guardería ABC seguirán buscando justicia y recursos jurídicos para alcanzarla, y planteó la necesidad de que la sociedad civil apoye su causa, pues a cinco años de la tragedia no hay nadie en la cárcel.

Deseo que la iniciativa contribuya a generar un círculo virtuoso para que todas las asignaturas pendientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, la PGR y el gobierno federal lleguen a buen puerto.

Lo cierto es que la impunidad sigue reinando; estamos hablando de que para las elecciones de 2015 hay posibles candidatos, cuando menos de PRI y PAN vinculados con la tragedia, que actualmente gozan de fuero, son senadores o diputados locales, a los cuales se les está candidateando como posibles gobernadores o gobernadoras del estado de Sonora, por ejemplo, el caso de Ernesto Gándara y Claudia Pavlovich en el Senado y del diputado local Abel Murrieta, que fue procurador estatal en Sonora.