ía de la Raza y las marchas llegan al monumento a Colón y pasan de largo. Nadie padece la indignación tardía que hace algunos años llevó a los defensores de la mexicanidad revestida de rastros y memorias prehispánicas a pintarrajear la estatua del almirante, al que siguieron los conquistadores y encomenderos que esclavizaron a los indios. A los del genocidio, reducido hoy a lugar común: sentencia para asustar a los del poder coludido con el crimen; agua de uso para limpiar las conciencias de los oligarcas de hoy, sin encomiendas y dueños del país y de quienes lo gobiernan.

Salieron del olvido en 1994. Los indios de Chiapas que tomaron San Cristóbal de las Casas y despertaron las adormiladas conciencias de la globalidad en vísperas de la caída del Muro de Berlín. Apareció el subcomandante Marcos y cundió el evangelio de los zapatistas del sureste, al que nunca llegó la reforma agraria. ¿Quién iba a decir que 20 años después serían los indios (indígenas, dice la corrección de la izquierda chic) del Ejército Zapatista de Liberación Nacional quienes iban a marchar organizada, democráticamente, para manifestar su repudio al crimen de lesa humanidad cometido en agravio de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, muertos y desaparecidos en Iguala, Guerrero? Larga crónica de espera y angustia, del lento andar de la justicia y la eterna angustia de los padres de los asesinados y desaparecidos por los guardianes del orden, por la autoridades elegidas ahora que tenemos democracia sin adjetivos y un sistema plural de partidos.

En el año 2014, efemérides de centenarios. Porque aquí hubo alguna vez una revolución. Quien lo dude o sea converso por obra y gracia de los falsificadores encargados de borrar lo que llaman la historia oficial busque los escritos de Pedro Salmerón en páginas de La Jornada o en los libros y escritos diversos de historiadores. No tan curiosamente, esos historiadores fueron y son críticos del poder constituido, como la mayoría de los que se ocuparon del proceso histórico del siglo XIX al XX. Y del vuelco finisecular con el que la derecha reaccionaria y fascista logró hacerse del poder y concertar su accionar con la derecha gestada en el nido de la serpiente; en la persistencia del antiguo régimen y los matrimonios morganáticos de los de abajo con la gente decente: de la aristocracia pulquera a la plutocracia fincada en la política al servicio del mercado, de la acumulación sin límites del capital.

El 10 de octubre de 1914 inició sus trabajos la Soberana Convención de Aguascalientes. Reunidas las fuerzas revolucionarias que habían derrotado al ejército federal y derrocado al usurpador Victoriano Huerta. Fruto de la tarea emprendida por el grupo pacificador, con Álvaro Obregón y Rafael Buelna, entre otros, resueltos a evitar la desbandada y muy posible lucha intestina que ya anticipaba el alejamiento de Francisco Villa y Emiliano Zapata del mando de Venustiano Carranza. La tenacidad de los convencionistas, de la mayoría decidida a no quebrantar la unidad que los llevó al triunfo militar, permitió el acuerdo político en la elección de Eulalio Gutiérrez como presidente de la República, en vías del Congreso Constituyente.

Venustiano Carranza no asistió, insistió en conservar su condición de jefe único para restablecer el orden constitucional. La muy reducida comitiva zapatista supo imponer rumbo a la Convención; bastaría el discurso inicial de Antonio Díaz Soto y Gama para fijar las posiciones irreconciliables. A la razón de Zapata se sumaba la fuerza de Villa con su División del Norte. La Convención de Aguascalientes, señala Pedro Salmerón, fue la génesis del grupo político que ejercería el bonapartismo en México a partir de 1920. El 10 de octubre de 2014, en el mismo Teatro Morelos se reunió la Conferencia Nacional de Gobernadores que preside Carlos Lozano, gobernador de Aguascalientes. A 100 años de distancia cunde la violencia y el presidente Enrique Peña Nieto reconocería la gravedad de la crisis social que padece el país: vacíos de autoridad, vínculos de complicidad entre gobernantes y delincuentes.

Treinta gobernadores y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, con la excepción, notable, del guerrerense Ángel Aguirre Rivero, dice la crónica de Rosa Elvira Vargas en La Jornada de ayer sábado, escucharon el ineludible recordatorio: México es una república federal; los distintos ordenes de gobierno deben actuar con corresponsabilidad, pero eso no es justificación para la omisión o la suplencia. El gobierno federal, dijo Peña Nieto, está asumiendo su responsabilidad” para esclarecer los actos de barbarie en Guerrero, inhumanos, inaceptables. Silencio, que sería bienvenido en los ámbitos políticos, en los cónclaves de partidos empeñados en la verborrea demagógica. O en la mentira.

Unos días antes del crimen de estado, de la exhibición de cinismo y tartajeantes explicaciones ofrecidas a los medios electrónicos de comunicación por el caciquillo investido candidato y presidente municipal de Iguala por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), la marcha masiva de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional obligaba a preguntarnos dónde estaban los líderes de la izquierda durante el largo proceso legislativo de la reforma energética; cuál pudo ser el motivo de la ausencia de manifestaciones multitudinarias, como las que hemos visto en la vieja Europa, desde Escocia hasta Ucrania, de Grecia a Francia; como las que desbordaron las anchas alamedas chilenas y las avenidas de Brasil y Argentina, por ejemplo. Es posible que la consulta popular logre, al menos, unificar a las izquierdas dispersas. Pero la lucha política se perdió en el vacío que hoy llenan los del Poli y los cientos de miles que marchan para condenar los asesinatos de estudiantes pobres en normales rurales abandonadas, despreciadas.

Se trata de la eterna lucha de clases. Racista o no. Por la complicidad de los gobernantes con los criminales, o porque en el llano, entre los marginados, se diluye, se desdibuja la capacidad política mostrada para concertar voluntades plurales en un pacto de partidos dominantes y acordar lo esencial para aprobar las reformas estructurales que son su objetivo, su rumbo, su declaración de ordenada modernidad, de disciplina política fiscal.

Las palabras pronunciadas en Aguascalientes conducirán a un laberinto, a un pozo sin fondo, a la prolongación de la guerra de Calderón, con el agravante del combate directo a los pobres y no a la pobreza, si el gobierno de Enrique Peña Nieto no actúa de inmediato; si la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación no apuran el paso y ofrecen trato digno a los padres de los estudiantes muertos o desaparecidos. Hay que dar respuesta inmediata a las dudas de los de abajo; dudas que han hecho suyas las instituciones y órganos internacionales. Se acabó el tiempo de las promesas. Acierta César Camacho, del Partido Revolucionario Institucional, al exigir que Ángel Aguirre no salga de la escena como villano de ópera, que dé la cara y se someta a juicio. Pero no se trata de montar espectáculos inquisitoriales: el Senado tiene las facultades. Tiene la palabra.

Los del caos anarquizante tuvieron la oportunidad de insultar y lapidar a Cuauhtémoc Cárdenas. Andrés Manuel López Obrador reclama el monopolio de una oposición cuya mayor virtud es la pluralidad. Jesús Zambrano se empeñó en la defensa a ultranza del impresentable Ángel Aguirre; Carlos Navarrete dice y se desdice. El Partido Acción Nacional se lava las manos.

Nada puede borrar la sangre derramada por policías, por órdenes de políticos coludidos con criminales comunes. En Iguala tiraban a matar. Tienen, por eso no lloran, de plomo las calaveras.