Las minas en operación no son las únicas que generan daños al medio ambiente, a la salud de la población y al patrimonio de una comunidad, también son provocados por las que están cerradas, paralizadas, inactivas, abandonadas o huérfanas.

A pesar de que la actividad minera en América data desde la época colonial y que México abrió el sector a capitales extranjeros desde los 90, se encuentra claramente rezagado en la aplicación de cierre de minas y carece de un inventario nacional completo de todos los sitios contaminados que ha dejado esta industria extractiva, advierte la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Hasta 2012, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sólo tenía detectadas 2 mil 368 minas abandonas, cifra que contrasta con las más de 8 mil registradas en Perú, las 10 mil de Canadá, las 52 mil de Australia y el medio millón de sitios contaminados de Estados Unidos, indica el organismo en un estudio comparativo entre los seis principales países mineros del continente y Australia sobre los llamados pasivo mineros (PAM), definidos como los sitios contaminados por la liberación de materiales y residuos peligrosos que son resultado de siglos de explotación minera sin supervisión.

Los altos costos ambientales, sociales y económicos que ocasiona esta industria llegan a anular sus beneficios financieros, sentencia el estudio. Es muy alta la cantidad de residuos que deja la minería, sea abierta o subterránea, en relación con los minerales que consigue: 60 por ciento de lo que extrae para conseguir acero se convierte en residuos, en el caso del oro es 99.9 por ciento, para el cobre 99 por ciento y para el plomo 97.5 por ciento.

Debido a que la mayor parte de estos residuos rocosos no han estado expuestos al agua, aire y micro-organismos, al entrar en contacto con estos elementos pueden generar un drenaje de ácido y causar contaminación ambiental. Los residuos tóxicos que más frecuentemente se encuentran son cianuro, mercurio, cobre, plomo, arsénico, cadmio, selenio, zinc y níquel, asevera.

Australia, Estados Unidos y Canadá fueron pioneros en la aplicación de leyes para obligar a las empresas mineras a presentar planes para el cierre de minas, aún antes de comenzar labores de exploración y explotación, así como para depositar fianzas en efectivo, pagar impuestos especiales, crear bonos o fideicomisos financieros para la mitigación de daños ambientales.

Chile y Perú siguieron ese ejemplo hace unos años, pero México y Colombia son los más atrasados en la identificación, inventario y caracterización de sus pasivos mineros. Actualmente no existe ninguna legislación o norma en México que exija a las compañías mineras realizar planes de cierre de minas de una manera adecuada, completa y financiada en su totalidad, señala el análisis de la Cepal, a cargo de Miryam Saade Hazin, consultora de la división de desarrollo económico.

En cambio, Canadá, de donde proviene la mayoría de las empresas mineras extranjeras que operan en México, gasta millones de dólares al año en la remediación de los PAM provenientes de fondos gubernamentales y de las compañías del sector. Perú desde hace 10 años tiene un inventario de sus PAM (incluso los divide en cuatro categorías) que ha crecido 10 veces al pasar de 611 a 8 mil 206 registros, y fijó un Fondo Nacional del Medioambiente para las tareas de remediación en el que participan las mineras.