La creación del sistema universal de salud se atoró. Este año no habrá, y tal vez ni el próximo, la tan anunciada propuesta del Ejecutivo federal para una reforma jurídica en el tema. Varios obstáculos se atravesaron, entre otros, la falta de sustento financiero del proyecto que desde el inicio de la administración planteó la Secretaría de Salud (Ssa) y el rechazo de las instituciones de seguridad social para que sus presupuestos se fueran a un fondo único del sector.

Según algunas personas cercanas al diseño del proyecto, los trabajos comenzarán desde cero para elaborar una nueva propuesta que satisfaga los requerimientos económicos y administrativos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), principalmente.

Mientras tanto, lo que sí consiguió la Ssa es la conclusión del proyecto de modificación de la Ley General de Salud (LGS) para crear la comisión federal para la regulación y vigilancia de los establecimientos y servicios de atención médica, y dar atribuciones de autoridad a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed).

El proyecto de la iniciativa –cuya copia tiene La Jornada– plantea que los servicios de salud, incluidos los de seguridad social, estarán obligados a atender los requerimientos de información que les haga la Conamed, así como someterse a los procedimientos de investigación de quejas y arbitrajes que sean solicitados por los pacientes.

El organismo creado en 1996 como instancia de amigable conciliación, podría intervenir sin necesidad de que se presente denuncia alguna, en los casos que sean de interés general en los servicios médicos del país.

De manera oficial, ninguna autoridad reconoce el tropiezo en la creación del sistema universal de salud pero, dicen, los indicios son claros. Entre otros, el presidente Enrique Peña Nieto ni siquiera mencionó el tema en su segundo Informe de gobierno, ni la secretaria de Salud, Mercedes Juan López, lo comenta con los detalles que lo hacía a principios del sexenio.

Menos aún se refiere a los eventuales cambios a las leyes del IMSS e Issste para hacerlas compatibles con un sistema universal de salud, los cuales tendrían que concretarse al mismo tiempo, entre otros para crear el fondo único de recursos económicos como mecanismo de financiamiento del sistema nacional de salud.

Por el contrario, durante su comparecencia ante la Comisión de Salud del Senado, el pasado 24 de septiembre, la titular de la Ssa se refirió a una reforma del artículo cuarto constitucional sin dar mayores detalles, y a la creación de la ley nacional de salud universal donde se precisarían elementos sustantivos para fortalecer la rectoría sectorial y redefinir las competencias entre la Federación y las entidades federativas.

Se mantiene en su discurso el tema de la portabilidad y el intercambio de servicios, para que cada persona, con independencia de su condición social o laboral, reciba la atención médica que requiera. Aunque también está acotado a ciertas enfermedades.

La creación de la comisión que vigilaría la calidad de los servicios de salud requiere de 40 millones de pesos, por el momento, dijo Juan López a los senadores.

El proyecto de la Ssa, ahora en el área jurídica de la Presidencia, antes de llevarla al Congreso, indica que la comisión para la regulación y vigilancia de los establecimiento y servicios de atención médica garantizará la calidad, la estandarización de la correcta práctica médica y la seguridad de los pacientes.

Para ello vigilará el ejercicio del personal de salud de todos los niveles y se encargará de la acreditación de clínicas y hospitales que atiendan a los afiliados del Seguro Popular.

Llevará el control y vigilancia de la disposición y trasplantes de órganos, la seguridad radiológica en hospitales, el manejo de residuos peligrosos y de los programas de estímulos a la calidad del desempeño de los trabajadores de salud.