Chilpancingo, Gro., 10 de octubre.

Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop) y empresarios agrupados en la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) pidieron la destitución del gobernador Ángel Aguirre Rivero, la presentación con vida de 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa y castigo a los responsables de la muerte de tres estudiantes y tres civiles en Iguala.

Los profesores, quienes en protesta por el caso Ayotzinapa iniciaron un paro de labores el jueves, bloquearon los accesos a diversas instituciones bancarias en esta capital y en varias regiones del estado. Ante una sucursal en el zócalo realizaron un mitin en el que participaron dirigentes de la Canaco y del Cecop.

Salvador Manuel Zúñiga, de la comisión política de la Ceteg, informó que el acuerdo de la asamblea es (exigir) la destitución de Aguirre Rivero, además de juicio político a él y al alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.

Informó que se prepara la realización de una asamblea popular el 15 de octubre en Ayotzinapa, por eso pedimos que se sumen todos los sectores, porque se va a definir esta postura. Indicó que funcionarios estatales amenazan a los maestros con levantarles actas de abandono de empleo a fin de impedir que el paro indefinido de labores que impulsa la Ceteg se fortalezca.

Leticia Maganda Sánchez, presidenta de la Canaco, manifestó: Guerrero está de luto; pedimos la renuncia de Ángel Aguirre por su falta de gobernabilidad, por ser un asesino directo y cómplice de los grupos delincuenciales. Aprobamos su lucha, por eso cuenten con todo nuestro apoyo, enfatizó.

Vicente Suástegui Muñoz, integrante del Cecop, reiteró: Estamos con ustedes, y por eso pedimos la destitución del gobernador. Aprovechó para denunciar que el lunes “la compañera María de la Luz N fue detenida por policías ministeriales que la recluyeron en el penal de Las Cruces (en Acapulco). No es justo, es inocente; no somos criminales, estamos defendiendo nuestras tierras”.

Antes, en conferencia de prensa, Pioquinto Damián, ex dirigente de la Canaco en Chilpancingo, exigió el cese de Aguirre Rivero y castigarlo severamente, porque no se puede seguir tolerando ningún acto de impunidad. Hay contubernio con los grupos criminales y afecto, incluso, entre ellos.

Lo acusó de encabezar un gobierno autoritario y represivo, que no diga que no es un asesino; no me cabe la duda de que la orden de ejecutar y asesinar a los muchachos a mansalva salió de Casa Guerrero, y si no fue Ángel Aguirre, fue su querido sobrino, Ernesto Aguirre.

Mientras, en la sesión del Congreso local celebrada la noche del jueves, la comisión instructora concluyó que el edil José Luis Abarca incurrió en omisiones graves el 26 de septiembre (cuando desaparecieron los 43 estudiantes) y dio entrada a la solicitud de la Fiscalía General del estado para quitarle la inmunidad constitucional.