Campeche, Camp., 9 de octubre.

Productores de miel y activistas acusaron a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) de violar dos amparos que prohíben expresamente sembrar semillas genéticamente modificadas en esta entidad, y advirtieron que podría tratarse de una estrategia del gobierno federal para legalizar por la fuerza la entrada de transgénicos, como ha ocurrido en otros países.

Los denunciantes dijeron que se ha detectado siembra ilegal de soya genéticamente modificada en las comunidades Ich-Ek, Las Flores, Pac-Chen y La Trinidad, en el municipio de Hopelchén, a pesar de dos sentencias emitidas por un juez federal que dejaron sin efecto el permiso otorgado a la empresa Monsanto.

Representantes de las agrupaciones Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos AC, Ma OGM, Colectivo sin Transgénicos y Muuch-Kambal acudieron a las oficinas de la Sagarpa, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al juzgado segundo de distrito. En la Sagarpa entregaron ejemplares de las plantas cultivadas en Hopelchén.

Recordaron que en marzo pasado el juzgado segundo de distrito del circuito 31, con sede en la ciudad de Campeche, concedió los amparos 753/2012 y 762/2012 a comunidades y asociaciones de apicultores contra un permiso otorgado a Monsanto por la Sagarpa, con aval de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para la siembra, en fase comercial, de 235 mil hectáreas de soya transgénica en ocho municipios de Campeche. La sentencia señaló que se violó el derecho del pueblo maya asentado en Campeche a ser consultado.

Se ordenó dejar insubsistente por tiempo indefinido el permiso de liberación comercial de soya genéticamente modificada tolerante al herbicida glifosato en los municipios de Champotón, Hecelchakán, Hopelchén, Tenabo, Calkiní, Escárcega, Carmen y Palizada.

Sin embargo, se ha corroborado la siembra de soya transgénica en Hopelchén, por lo que presentaron una denuncia ante la Profepa para que se inicie un procedimiento administrativo.

Pidieron también el decomiso de toda la soya genéticamente modificada en el estado y fincar responsabilidades a empresarios, agricultores, funcionarios y ex funcionarios por negligencia, de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

Acusaron a la Sagarpa de incumplir las tareas de inspección y vigilancia que le impone la Ley de Bioseguridad, y al subdelegado agropecuario en Campeche, Miguel Ángel Reyes Chávez, de fomentar la siembra de transgénicos, pues declaró públicamente que en el país hay una liberalización total para la siembra comercial de la soya resistente al glifosato, pese a la prohibición expresa de la autoridad judicial.

Pidieron al juez segundo de distrito en el estado que inicie un incidente de inejecución de sentencia y dé vista al Ministerio Público federal para que investigue la presunta violación de una suspensión derivada de una sentencia judicial.