Las diversas fracciones de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC PC) de la Montaña y Costa Chica, Guerrero están limando asperezas. A pocos días de cumplir 19 años de existencia quieren volver a poner en alto el prestigio de la justicia indígena que opera en 147 comunidades.

En el foro La policía comunitaria de Guerrero, organizado por Casa Lamm y La Jornada, los tlapanecos Jesús Carranza López, coordinador, y Abraham García García, de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, y Nicasio Castro Agustín, coordinador de la Casa de Justicia Espino Blanco, defendieron el proyecto, el cual –puntualizaron– está respaldado por la Constitución y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Nos costó esfuerzo y sangre construirlo, pero el gobierno (del estado) empezó a dar dinero y dañó las mentes de algunos coordinadores que no respetaron el reglamento interno, dijo García García.

Ante el público reunido en el salón Tarkovsky de Casa Lamm, explicó que quienes forman parte de la policía comunitaria inician como tupiles y van ascendiendo a policías, comandantes, regidores y comisarios, es un proceso de más de dos años durante los cuales demuestran su calidad moral; es una policía que actúa sólo en las comunidades donde se han conformado las CRAC PC, y no busca confrontarse con el Ejército ni con la policía gubernamental sino coordinarse.

García García y Carranza López explicaron que los problemas en la CRAC PC se iniciaron el año pasado con Eliseo Villar Castillo como coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, pues aceptó el dinero del gobierno y empezó a manejarlo sin transparencia, y encarceló a quienes descubrieron los malos manejos. Las Casas de Justicia de San Luis Acatlán y Espino Blanco se mantuvieron para impedir la destrucción del proyecto.

Nicasio Castro destacó que la policía comunitaria ha servido a todos, (con ella) hemos cambiado de ideas y de comportamiento. Tenemos problemas, pero debemos ver cómo resolverlos.

Magdalena Gómez, colaboradora de La Jornada, recordó que los gobiernos federal y estatal no estuvieron nunca a favor de la policía comunitaria; sin embargo, los indígenas lograron sacar adelante el proyecto por los principios y reglamento, pero nuevamente enfrenta el golpeteo gubernamental, ya que en abril de este año, con la reforma constitucional estatal, se equiparó a la policía rural con la comunitaria; el objetivo es desdibujar a esta última. Ello, dijo, no se trata sólo de una maraña jurídica, y advirtió que la evolución del caso Ayotzinapa impactará en la policía comunitaria.