Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA) se unieron este martes a los reclamos para que México esclarezca ‘‘cuanto antes’’ qué pasó con los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, luego de ser atacados y perseguidos por la policía y sicarios 10 días atrás.

Es un ‘‘crimen preocupante que demanda una investigación completa y transparente’’ para que los responsables sean llevados a la justicia, dijo la portavoz del Departamento de Estado estadunidense, Jen Psaki.

También en Washington, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, se dijo ‘‘consternado’’ por este crimen que ‘‘enluta no sólo a los mexicanos, sino a todos los países de América’’.

Antes, la oficina local de la Organización de Naciones Unidas (ONU) llamó a México a efectuar una búsqueda ‘‘efectiva’’ de los jóvenes, desaparecidos desde que fueron baleados la noche del 26 de septiembre por policías del municipio de Iguala y miembros del cártel local Guerreros Unidos, en un ataque conjunto.

El presidente Enrique Peña Nieto dispuso el lunes pasado el despliegue de centenares de policías y militares en Iguala para capturar a todos los responsables y encontrar a los jóvenes estudiantes, luego de que el fin de semana las autoridades hallaron fosas clandestinas con 28 cadáveres aún no identificados, entre los que se cree que hay normalistas de Ayotzinapa.

Demasiadas incógnitas

La noche del ataque, policías y sicarios dispararon en Iguala contra varios autobuses en los que viajaban los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, institución conocida por su combatividad y activismo.

Los jóvenes se habían apoderado de los autobuses para regresar a su escuela y participar en la marcha por el 43 aniversario de la matanza de Tlatelolco, efectuada el 2 de octubre en la ciudad de México.

En los hechos violentos de Iguala murieron seis personas, incluidos tres estudiantes, y se reportó la desaparición de 43 alumnos normalistas. Muchos de ellos fueron vistos por última vez en patrullas policiales. Once días después del crimen, la gran pregunta sigue en el aire: ¿por qué la policía y los Guerreros Unidos atacaron a los estudiantes? La información viene a cuentagotas.

El fiscal general de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, desplegó unos 30 efectivos para escudriñar el caso, que podría ser una de las peores masacres desde que el gobierno lanzó su ofensiva militar contra el narcotráfico en 2006. Desde ese año ha habido más de 80 mil asesinatos y 22 mil desaparecidos.

‘‘Todavía no hay móvil establecido, se está compilando la información’’, dijo a la agencia Afp un funcionario federal.

Medios mexicanos, citando un reporte de los servicios de inteligencia, señalan que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ahora prófugo, podría estar implicado en las desapariciones, así como su esposa María de los Ángeles Pineda, presidenta local del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

El reporte dice que Pineda ‘‘ordenó a su jefe de seguridad que le comunicara al director de seguridad pública municipal’’ repeler a los estudiantes, temiendo que interrumpieran un discurso que tenía previsto aquel 26 de septiembre.

Según el documento, la llegada de la policía degeneró en enfrentamientos físicos y verbales con los normalistas. Así, el director policial habría ordenado a sus elementos detener a los estudiantes y cuando éstos tomaron los autobuses, los uniformados abrieron fuego y mataron a tres, reseña el parte del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Versiones publicadas mencionan que el Cisen acusa al alcalde, José Luis Abarca, y a su esposa de tener vínculos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, del que algunos integrantes se separaron en 2010 para crear los Guerreros Unidos.

Sin embargo, una fuente de la Fiscalía General guerrerense se negó a confirmar la autenticidad del reporte.

‘‘Nos estamos muriendo’’

Algunos de los 28 cadáveres hallados en seis fosas clandestinas están incinerados y fragmentados, por lo que las identificaciones pueden durar varias semanas. Las autoridades se niegan a informar si algunos de esos cuerpos son de estudiantes, en tanto no terminen los peritajes.

Sin embargo, el gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, reconoció que esa es una ‘‘posibilidad real’’, después de que se difundiera una confesión de dos sicarios de que habían asesinado a 17 estudiantes en el lugar de las fosas.

Los dos sicarios dijeron en su confesión que la orden de acudir al lugar donde estaban los normalistas se la dio el director de seguridad pública municipal, mientras que la instrucción de capturarlos y asesinarlos fue de un criminal al que sólo se conoce por el apodo de El Chucky, cabecilla de los Guerreros Unidos.

Por su parte, los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos se resisten a creer que sus hijos estén muertos y culpan de los hechos violentos a la policía local. ‘‘Queremos que nos los devuelvan, nos estamos muriendo’’, expresó uno de los padres.