Moscú, 7 de octubre.

El Comité de Instrucción de Rusia inició este martes el primer proceso contra un supuesto mercenario ruso que combate en Ucrania en las filas del batallón Azov, formado por militantes ultranacionalistas y de orientación neonazi que se enfrentan a los separatistas de Donietsk y Lugansk en el este del vecino país eslavo.

Se trata, según la información oficial, de Roman Zhelezniov, mejor conocido como Zujel, quien era brazo derecho del cabecilla neonazi, Maksim Martsukevich, alias Tesak, condenado hace poco en Moscú a cinco años de prisión por extremismo.

La noticia se difundió a lo largo y ancho de Rusia por todos los noticiarios de la televisión bajo control del Estado y se dice que Zhelezniov cobra por sus servicios el equivalente a 300 dólares mensuales.

Esta información motivó el siguiente comentario del periodista Anton Orej, en la emisora Ejo Moskvy: “no siento simpatía por Zhelezniov ni por el ‘Sector de Derecha’ (organización de corte neonazi en Ucrania) ni por nadie que se diga neonazi, fascista o ultranacionalista. No pretendo justificar a Zhelezniov ni, muchos menos, defenderlo. Me interesa otra cosa: el artículo 359 del Código Penal, ¿se aplica sólo en estos casos (contra neonazis) o contra todos los ciudadanos rusos?”

Y Orej lanza: cuando el líder de los separatistas (Aleksandr) Zajarchenko dice que en sus filas combaten miles de militares rusos, que según él están de vacaciones, ¿qué nos está diciendo? Según nuestra legislación, un soldado ruso no puede encontrarse en el territorio de otro Estado sin una orden de sus superiores. Si fuera a título personal, se aplicaría el artículo 208 sobre participación en grupos armados irregulares o el mismo 309 sobre mercenarios.

El periodista concluye que eso no interesa a los medios oficiales que se encargarán de que se sepa en cada rincón de Rusia que el Estado persigue a un neonazi que combate por dinero en Ucrania.

Yaroslav Nilov, diputado de la Duma, considera que para evitar confusiones con el caso Zhelezniov hay que diferenciar en la ley los conceptos mercenario y voluntario. Le preocupa, quizá que en un sector de la prensa escrita rusa, cuyas tiradas y distribución territorial no se comparan con el millonario auditorio de la televisión oficial ni con el aparato de propaganda hacia el exterior, hay no pocos testimonios de ciudadanos rusos que combaten del lado de los separatistas.

Muchos de ellos admiten que lo hacen por una retribución mensual que va de no menos de 60 mil a 90 mil rublos, el equivalente de 2 a 3 mil dólares cada mes cuando hace dos semanas se hizo público, ahora menos por la depreciación del rublo.

Para los medios oficiales y sus reproductores fuera de Rusia es un tema tabú. También lo es que magnates ucranios y rusos financian a los separatistas para mantener o recuperar sus minas, fábricas y otras propiedades en el este de Ucrania.

Entre tanto, dentro de los separatistas de Donietsk y Lugansk hay grupos importantes que combaten contra Kiev a la vez que rechazan el tutelaje del Kremlin, y son los que no respetan el cese del fuego porque creen que nada hay que negociar: para ellos no existe el este de Ucrania, sino un territorio que debe formar parte de Rusia.

El máximo exponente de estos últimos, Igor Guirkin o, como él prefiere, Strelkov, borrado por radical de la televisión rusa –desde el 18 de agosto no hubo una sola mención de su nombre en los principales canales, según un monitoreo reciente– y de vacaciones en Moscú, se las ingenia para hablar con la prensa extranjera o difunde sus opiniones en las redes sociales.

Guirkin, en la más reciente entrevista a una agencia de noticias, considera que gente como el operador del Kremlin, Vladislav Surkov, que busca negociar un arreglo político, sólo está entregando Nuevarrusia (el proyecto de nuevo Estado hasta ahora frustrado) mientras se roban todo el dinero que se destina desde Rusia para apoyar el este de Ucrania.