Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y la Procuraduría General de la República (PGR) aceptaron la propuesta de conciliación que estableció la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como parte de los litigios iniciados por centenares de afectados por la sobrevaluación de viviendas de interés social en diversas entidades.

Lo anterior implica que en un plazo máximo de tres meses el Ministerio Público Federal deberá solicitar ordenes de aprehensión contra al menos 20 empresarios de las constructoras más importantes del país, y contra de directivos de varias Sofoles, Sofomes y la propia SHF.

Consta en escritos oficiales firmados por funcionarios de la PGR y de SHF que los acuerdos aceptados por ambas instituciones derivan de un exhorto que emitió la CNDH en agosto pasado.

José Humbertus Pérez Espinoza, presidente y vocero del Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna (FMDVD) informó que esa asociación civil, que representa los intereses de cientos de personas defraudadas al adquirir sus viviendas a créditos de entre 10 y 20 años, ya recibió la notificación de la PGR y de la SHF, de que se investigará el fraude en perjuicio de cientos de familias, se sancionará penalmente a los responsables y se les reparará el daño patrimonial ocasionado.

Sobrevaluación de casas

El vocero del frente llamó a quienes en el estado de México u otras entidades hayan sido defraudados con la sobrevaluación de sus casas a acercarse a ellos para apoyarlos jurídicamente y arreglar sus créditos hipotecarios sin necesidad de que pierdan sus viviendas.

Nos informan PGR y SHF que se admitió el acuerdo conciliatorio, por lo que se debe consignar por peculado a los integrantes del consejo de administración y directivos de las constructoras Urbi Desarrollos Urbanos; Promotora de Viviendas Integrales; Consorcio ARA; Desarrollos Inmobiliarios Sadasi; Corporación GEO; Desarrolladora Homex y Ke Desarrolladora, dijo Pérez Espinoza.

De Sofoles-Sofomes serán consignados los integrantes de los consejos de administración, directores generales y apoderados legales: Patriminio SA, César Manuel Gutiérrez Muguerza, Ignacio Javier Farías Campero y Roberto Guadalupe Hernández Zamora; de Ge Money Crédito Hipotecario, Eduardo Carpizo Castro; Hipotecaria Nacional Grupo Financiero BBVA-Bancomer, Eduardo Osuna Osuna; Hipotecaria Su Casita, José Manuel Agudo Roldán y Manuel Campos Spoors; ING Hipotecaria, Guillermo Vizcaya Engroñat; Deutsche Bank México, Alonso Rojas Dingler, Jesús Miguel Escudero Basurto, Teodoro Raúl Mondragón Von Bertrab y Alejandro Emilio Athie Morales, apoderados de Deutsche Bank México; Víctor Martínez Mendoza, Manuel Hernández Contreras y Carlos Hernández Contreras, de Metro-Financiera, y Luís González Paras, de Crédito y Casa, añadió.

Entre 1999 y 2011 los señalados otorgaron préstamos hipotecarios sobrevaluados en 40 por ciento, pero la PGR se ha negado a ejercitar acción penal contra los responsables de este megafraude.