Ante la omisión de las autoridades, la falta de voluntad política y la impunidad, la labor de las defensoras de derechos humanos en el país cada vez es más riesgosa, por lo cual han optado por estrategias que fortalezcan la autoprotección.

En conferencia de prensa, integrantes de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de México presentaron el libro Travesías para pensar y actuar, experiencias de autocuidado de defensoras de derechos humanos en Mesoamérica. Indicaron que el trabajo de las mujeres que abogan por las garantías individuales se desarrolla en un contexto de pobreza, corrupción, despojo, legislaciones injustas, desprecio a la participación ciudadana, simulación, falta de transparencia y de agresiones de actores estatales y los poderes fácticos, como el crimen organizado, las empresas trasnacionales y los caciques locales.

Atziri Ávila, Leticia Burgos, Monserrat Díaz, Teresa Guardián, Ana María Hernández, Graciela Ramos y Elizabeth Ferreras indicaron que de 2010 a 2014 la Red registró más de 400 agresiones y 31 asesinatos contra defensoras y mujeres periodistas. De ese total, 35 agresiones ocurrieron en 2010 y 43 en 2011, durante el sexenio anterior y el actual; 118 en 2012 y 202 el año pasado. Asimismo, en el primer trimestre de 2014 hubo 41 actos de este tipo contra 25 defensoras y seis de sus organizaciones.

Añadieron que la creciente violencia estructural y patriarcal se traduce en un alto riesgo para su integridad, libertad y vida de las defensoras, e impone elevados niveles de estrés y consecuencias negativas para la salud física, emocional y mental.

Detallaron que han documentando que ante estas circunstancias 83 por ciento de las defensoras de la región han padecido alguna manifestación de estrés y apuntaron que en México observamos con preocupación que el marco legal de protección vigente y su mecanismo carecen de políticas públicas que de manera integral consideren la protección y cuidado de las defensoras y de sus organizaciones, para garantizar su bienestar y su seguridad.

Recordaron que es obligación del Estado garantizar el ejercicio pleno del derecho a defender derechos, como establecen el artículo 1º constitucional y los tratados internacionales. También subrayaron que ante la indefensión en que realizan sus tareas apostamos a la construcción de mecanismos alternativos de protección integral con perspectiva de género.

Montserrat Díaz, del Colectivo Feminista de Jalapa, expuso la situación de “vulnerabilidad e impunidad existente en Veracruz; entidad con las más altas tasas de feminicidios. De 2011 al 31 de marzo de este año hubo 233 de estos crímenes y la desaparición de ocho defensoras”.

Ana María Hernández, de Oaxaca, indicó que en lo que va de la administración de Gabino Cué han ocurrido 283 asesinatos de mujeres, y en el sexenio de Ulises Ruiz hubo 335”.