El pleno del Senado nombró a los 67 magistrados electorales locales de los 18 estados en que habrá comicios el próximo año, en un proceso acelerado en el que PRI PAN y PRD se repartieron los cargos. Rendirán protesta el próximo lunes, en una sesión convocada ex profeso para ello, un día antes de que empiece formalmente el año electoral.

Es un acuerdo desvergonzado, ya que en forma ilegal esas tres fuerzas políticas están dividiéndose el pastel, advirtió desde el pleno el coordinador del PT, Manuel Bartlett.

El petista puso en evidencia que la Junta de Coordinación Política no se reunió para definir los nombramientos, lo que obligó al presidente de ese órgano, el senador priísta Emilio Gamboa, a reconocer que fue un acuerdo de las tres principales fuerzas políticas, en el que sólo se recabaron las firmas respectivas.

El también petista David Monreal destacó que fue una falta de respeto para los más de 400 candidatos que contendieron, ya que sin respaldo de algún partido político, quedaron fuera, aun cuando cumplieron el perfil.

Un primer recuento señala que de los 67 nombrados, 24 fueron propuestos por el PRI, 22 por el PAN, 12 por el PRD, uno por el PVEM y ocho independientes. La mayoría tiene experiencia en materia electoral.

La designación se retrasó y fue el último punto en la sesión de ayer, debido a que se complicó el caso específico del Distrito Federal, ya que priístas y panistas pretendían quedarse con el mayor número de cargos: cuatro de cinco.

El PRD argumentó que como primera fuerza política en la ciudad de México no podía aceptarlo, y menos que se impusiera a Alejandro Delint García, actual presidente del Tribunal Electoral del DF, en el cargo de mayor duración (siete años), a quien acusaron de responder a intereses económicos.

Al final, Delint quedó fuera y entró Gustavo Anzaldo, con lo que quedaron dos magistrados propuestos por el PRD –el otro es Armando Hernández–, uno del PRI (Gabriela Eugenia del Valle), uno del PAN (María del Carmen Carreón) y un independiente (Eduardo Arana Miraval).

Otros ejemplos son Nuevo León: el PRI propuso a Gastón Julián Hernández y Manuel Gerardo Ayala, y el PAN a Carlos César Isla García.

Igualmente, en Chiapas quedaron dos del PRI (Mauricio Gordillo y Julio César Fernández) y uno del PRD (Miguel Reyes Cracoix). Guillermo Asserburg y Angélica Karina Ballinas fueron presentados como independientes.

En el caso del estado de México quedaron dos magistrados propuestos por el PRI: Jorge Arturo Sánchez y Jorge Esteban Muciño; uno por el PAN: Crescencio Valencia; uno por el PRD, Rafael Gerardo García, y un independiente, Hugo López Díaz. El reparto de cuotas imperó también en los casos de Baja California Sur, Campeche, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán. No se nombraron magistrados para Oaxaca, ya que la entidad no reformó su legislación.

Las designaciones se concretaron a toda prisa, ya que priístas y panistas querían salir del recinto de Reforma e Insurgentes antes de que pasara la marcha conmemorativa del 2 de octubre.