Madrid, 2 de octubre.

Gabriel Fernández Arenas, mediocampista del Atlético de Madrid, asistió a la Fiscalía Especial contra la Corrupción Organizada para declarar sobre el presunto amaño en el partido Levante-Zaragoza en 2011.

El ex jugador del Zaragoza declaró: Hice lo que el club me pidió, en el caso sobre el supuesto arreglo del último partido de la temporada 2010-2011 para que Levante se dejara ganar a cambio de cientos de miles de euros.

El ahora capitán colchonero cooperó con la justicia al declarar que el equipo le pidió retirar de una cuenta bancaria una cantidad aproximada a 85 mil euros en los días previos al encuentro y que después devolvió ese dinero al club, por lo que no tuvo ningún beneficio sobre ese partido.

Sostuvo que ignora para qué fue utilizada posteriormente la cantidad devuelta y agregó que fue un favor que les pidió el entonces presidente de los maños, Agapito Iglesias.

Fernández Arenas fue el autor de los dos goles en el partido contra Levante, el 21 de mayo de 2011, con lo que su equipo se salvó del descenso.

La fiscalía sostiene que una decena de jugadores del Zaragoza recibió ingresos en sus cuentas procedentes del club y que posteriormente fueron retiradas en bloque por varios de ellos, aunque no todas el mísmo día. Las cifras oscilan entre 85 mil y 90 mil euros, para un total cercano al millón.

Gabi también aclaró que el favor realizado supuestamente se debía a las dificultades económicas del Zaragoza que, un mes después, entró en Ley Concursal.

Según fuentes cercanas al caso, Iglesias afirmó que el dinero entregado a los futbolistas fue por concepto de primas, lo que sería contradictorio con lo dicho por Fernández, quien aseguró que regresó el dinero antes de la realización del encuentro ante Levante.

Entre los citados a declarar estuvo el defensa central del Levante, Sergio Ballesteros, a quien se le habrían detectado ingresos bancarios después del mencionado encuentro. El zaguero reconoció los movimientos, pero aseguró que fue por motivos ajenos al futbol.

La mayoría de los jugadores que ahora militan en el extranjero o el entonces técnico del Zaragoza, Javier Aguirre, no han sido llamados a declarar, aunque eso no signifique que si se abre un juicio no tengan que acudir como imputados.

La entrada en vigor en diciembre de 2010 de la reforma del Código Penal abrió las puertas por primera vez a la persecución de los sobornos y fraudes en el ámbito deportivo, como la compra o amaño de partidos de futbol, y se castiga con prisión entre seis meses y cuatro años, así como inhabilitación de uno a seis años y multas.