La detección y control de la enfermedad renal crónica es un asunto de salud pendiente en México, a pesar de que representa una de las principales complicaciones de la diabetes e hipertensión arterial, advierte la Asociación ALE, institución de asistencia privada especializada en el apoyo a pacientes con este mal.

Las carencias existen desde las estadísticas, pues se desconoce el número de afectados y el seguimiento clínico que llevan, lo que incrementa el riesgo para la salud y la vida de las personas, y a la vez reduce las ya de por sí escasas probabilidades de ser candidatos a un trasplante renal.

El organismo elaboró el libro Política nacional de fomento a la salud renal, como parte de los trabajos del foro Rumbo a una política nacional de fomento a la salud renal, el cual se realizó ayer en la Cámara de Diputados.

Carlos Castro, presidente de Asociación ALE, señaló que al no existir políticas públicas que prevean la atención temprana, tratamientos preventivos, infraestructura física y suficientes médicos nefrólogos, resulta imperativo el análisis conjunto con legisladores y especialistas, a fin de encontrar alternativas de solución.

El libro resalta que la enfermedad renal crónica afecta a más de 500 millones de personas en el mundo, de las cuales 75 millones se encuentran en etapas terminales.

En México, los datos son escasos, pero se estima una incidencia de 400 nuevos afectados por millón de habitantes al año. Alrededor de 9 millones de individuos viven con algún grado de insuficiencia renal, indica la agrupación.

La elevada prevalencia del padecimiento es casi esperable, debido a que 30 por ciento de los adultos mayores de 20 años tiene hipertensión arterial y más de 9 por ciento vive con diabetes.

En su propuesta, la Asociación ALE plantea elaborar una política nacional de fomento a la salud renal, con dos líneas de acción: el modelo estratégico de gestión integral y operación, y la estrategia para la procuración de órganos y realización de trasplantes.

Con la primera se buscará promover la voluntad política y eficiencia administrativa, así como la capacidad operativa del sistema de salud para impulsar la salud renal.

Esto incluye la detección de los pacientes y su incorporación a esquemas de tratamiento que les ayuden a frenar el deterioro de la función renal y/o mantenerlos bajo control para conservar su calidad de vida.

Advierte que el mayor rezago en este tema se da en las personas que carecen de acceso a la seguridad social. Por eso, se requiere la inclusión de la enfermedad renal crónica en el Catálogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular, señala la agrupación.