cinco días de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, donde diversos ataques de un grupo de policías y civiles armados derivaron en el asesinato de seis personas –entre ellas tres normalistas–, decenas de heridos y 43 desaparecidos, la masiva violencia y la anulación del estado de derecho por parte de los propios efectivos del orden se ve agravada por el peso de la injustificable falta de información por parte de las autoridades.

En efecto, ninguno de los niveles de gobierno ha ofrecido hasta ahora una versión creíble y rigurosa sobre la situación de las víctimas: baste recordar que el pasado martes el gobierno de Ángel Aguirre afirmó que 13 de los desaparecidos habían sido hallados, situación que fue desmentida por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, organización que explicó que 12 los estudiantes aludidos por el Ejecutivo estatal no habían participado en las manifestaciones que precedieron a los hechos y que uno más había sido identificado por sus familiares en el Servicio Médico Forense.

Otro tanto puede decirse de las explicaciones oficiales en torno a la naturaleza de los acontecimientos, hasta ahora caracterizados eufemísticamente por el procurador guerrerense como excesos policiales: hasta el momento, de acuerdo con los elementos de juicio disponibles, es imposible saber si se trató de un designio represivo de algún rango de gobierno, un ataque de la delincuencia organizada –cuya participación en los hechos no ha sido aún esclarecida o desestimada–, o de una combinación de ambos factores.

Es difícil imaginar, por lo demás, que la masacre y los presuntos levantones de estudiantes hubieran ocurrido como resultado de una decisión súbita e inconsulta de un grupo de efectivos de la corporación policial, y que sólo 22 de esos elementos –por usar la cifra de uniformados consignados por las autoridades– hayan podido, sin orden de por medio, asesinar a seis personas y desaparecer a 43 más. En todo caso, por corrompida y descompuesta que se encuentre una institución policiaca, es inexcusable que las autoridades carezcan a estas alturas de indicios sobre la cadena de responsabilidades que derivaron en los hechos del pasado fin de semana, y que todas las explicaciones y versiones de los mismos hayan venido de las organizaciones sociales y humanitarias y de los testimonios recabados por los medios informativos y los difundidos en las redes sociales.

La circunstancia descrita se ve agravada por un manejo cuando menos irregular y desaseado en lo que se refiere al ámbito de actuación de las corporaciones policiales de los distintos niveles de gobierno en la localidad guerrerense: a principios de mayo, el gobierno estatal anunció la entrada en vigor de un mando policial único en Iguala y otros seis municipios del estado; ayer, el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, dijo que la localidad mencionada no pertenece aún a ese modelo. A lo anterior se suman las versiones, aportadas por sobrevivientes de la agresión, que sugieren que estuvieron involucrados efectivos policiales estatales.

Los vacíos de información generados en el curso de esta semana son indicativos de un vacío de gobierno que resta credibilidad a las acciones emprendidas por las autoridades ante los hechos referidos. En efecto, la erosión de la capacidad comunicativa y discursiva de las autoridades locales refleja el deterioro de uno de los principales instrumentos de mando de todo régimen político, y contribuye a inducir en la sociedad guerrerense y en la nacional un sentimiento de temor, zozobra e incredulidad.