El gobierno federal no ejercerá juicio de responsabilidad ambiental contra Grupo México y, por tanto, no se le aplicará ninguna multa, porque la empresa de Germán Larrea asumió la responsabilidad y la reparación del daño, informaron ayer el secretario del Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud, y el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Guillermo Haro Bélchez.

Guerra Abud reveló en su comparecencia ante comisiones de la Cámara de Diputados que para constituir el fideicomiso de 2 mil millones de pesos el gobierno federal aceptó que la minera pagara en cuatro amortizaciones de 500 millones.

Haro sostuvo que en el lecho y las márgenes de los ríos Sonora y Bacanuchi no hay contaminación mayor, e indicó que sólo si la empresa no solventa irregularidades en la mina se le aplicaría una sanción de 3 millones de pesos por cada una.

La diputada Lilia Aguilar (PT) consideró inconcebible estas facilidades otorgadas al segundo hombre más rico del país y porque, recordó, Grupo México ha reportado ganancias netas de 80 millones de pesos por hora.

Después de escuchar las respuestas de los funcionarios, el diputado Javier Orihuela (PRD) expresó, mordaz: Ya nada más nos falta darle las gracias al señor Germán Larrea por su buena voluntad de reparar los daños. Se le tiene que cancelar la concesión.

Todavía, Haro Bélchez justificó que si bien Grupo México incurrió en responsabilidad objetiva y subjetiva por el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado a los ríos Sonora y Bacanuchi, se optó por una solución negociada con la compañía para evitar un juicio ambiental largo.

La multa de 40 millones de la que se habló habría sido aplicada por un juez al término de un proceso judicial que no iniciamos, porque el gobierno optó por una solución de controversias y por el escrito que recibimos, donde la empresa asume la responsabilidad y la reparación del daño ambiental y a las personas.

Esto, no obstante que antes expuso que la minera incurrió en responsabilidad objetiva y subjetiva. Esto es, vertió sustancias y actuó ilícitamente y con dolo.

También, el titular de la Profepa rechazó que sea responsabilidad de esa instancia opinar sobre la cancelación temporal o definitiva de la concesión, como argumentó la semana pasada el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, cuando los legisladores le preguntaron por qué esta dependencia no había ordenado la suspensión de actividades en Cananea.

Haro citó el contenido del artículo primero de la Ley Minera, el cual establece claramente que la aplicación de la ley le corresponde a la Secretaría de Economía. Ésta tiene la facultad clara para la cancelación temporal o definitiva de la concesión y la ley contiene las causales para revocar la concesión.

Tiene ocho concesiones en Cananea para explotar cobre

Refirió que Grupo México tiene ocho concesiones en Cananea para la explotación de cobre, que abarcan 3 mil 600 hectáreas, e informó a los diputados que la procuraduría sí clausuró las instalaciones nuevas, particularmente la tinajas 1 (de las que se derramaron los residuos tóxicos el 6 de agosto) y 2.

Ambas, agregó, constituyen el área que Grupo México había planeado para su expansión en Cananea y que elevarían su producción de 200 mil a 500 mil toneladas de cobre.