La Cámara de Diputados y el Senado abordaron ayer el tema de los alumnos de la normal de Ayotzinapa, Guerrero, asesinados y desaparecidos durante el ataque perpetrado por elementos policiacos municipales e individuos armados, el pasado viernes.

En San Lázaro, el pleno condenó los hechos. Desde la tribuna, el vicecoordinador del PRI, Manuel Añorve Baños, exigió que se esclarezca quién fue el autor intelectual de los dos ataques y el responsable de la desaparición de 43 estudiantes, e incluso quiénes desollaron a un alumno de la normal.

En el Senado, el PRD demandó ante el pleno que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga la investigación de este caso, así como los de los dirigentes sociales y partidistas ejecutados en los últimos tiempos en Guerrero. La legisladora Dolores Padierna dijo que hay una nueva guerra sucia en el estado y que las autoridades locales están rebasadas e infiltradas por el crimen organizado.

Se refirió al alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, a quien el PRD impulsó y a quien se ha señalado reiteradamente de tener nexos con el grupo criminal Guerreros unidos; lo responsabilizó de asesinar al dirigente de la Unidad Popular de Iguala, Arturo Hernández Cardona.

Se suma la CNTE a exigencia de juicio político

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aprobó sumarse a la solicitud de juicio político y destitución del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, también de extracción perredista, y de Abarca Velázquez por los hechos ocurridos en Iguala.

En los acuerdos alcanzados durante la asamblea nacional representativa, convocada el pasado domingo, los docentes también exigen la destitución de Felipe Flores Velázquez, secretario de Seguridad Pública de Iguala, y de Iñaky Blanco Carrera, procurador de Justicia del estado, contra quienes también solicitaron juicio político.

Padierna consideró que el caso de los estudiantes de Ayotzinapa y los hechos de Tlatlaya, estado de México, donde 22 personas murieron a manos de integrantes del Ejército Mexicano, vuelven a poner en la mesa la pertinencia de que las fuerzas armadas participen en tareas de seguridad pública que corresponden a corporaciones civiles.

Dijo que el caso de Ayotzinapa debe ser atraído por la PGR, porque a todas luces las fuerzas policiacas y judiciales locales están rebasadas, y en varios casos las municipales están infiltradas por el crimen organizado.

A su vez, el perredista guerrerense Armando Ríos Piter sostuvo que en forma alguna van a solapar esos hechos, aunque sea un gobierno emanado del PRD.

En la Cámara de Diputados, legisladores de PAN, PRD y PT calificaron la agresión armada contra estudiantes como un crimen de lesa humanidad, mientras la Comisión de Derechos Humanos discute la creación de un grupo de legisladores que dé seguimiento a la averiguación previa iniciada por la PGR.

También en tribuna, el diputado Roberto López Suárez (PRD) sostuvo que el alcalde de Iguala mintió cuando aseguró que pidió a sus policías no intervenir en los supuestos desmanes de los normalistas, y exigió que además de su separación del cargo se le finquen responsabilidades.

Anunció que promoverá un proceso ante la comisión nacional de garantías del PRD para pedir su expulsión de ese instituto político.

En tanto, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, consideró que la licencia solicitada por Abarca Velázquez a la presidencia municipal de Iguala es para no entorpecer las investigaciones sobre los hechos violentos del pasado fin de semana en esa ciudad.

(Roberto Garduño, Enrique Méndez, Andrea Becerril, Víctor Ballinas, Laura Poy y Alma Muñoz)